La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra Fernández Díaz por reunirse con Rato

El PSOE acusó al ministro de los presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. La decisión de archivo «se funda en el carácter prospectivo de la denuncia y en la ausencia de soporte fáctico para la misma», explica la nota.

Antonio Hernando presentó su denuncia el pasado jueves 13 de agosto, seis días después de que el diario El Mundo publicase el encuentro y un día antes de que el ministro ofreciese sus explicaciones del mismo en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Tras entregar la denuncia en la sede de la Fiscalía General, Hernando argumentó que había interpuesto esta demanda, sin esperar a que se produjera la comparecencia parlamentaria de Fernández Díaz, porque Mariano Rajoy declaró ante los medios de comunicación, que no se esperara «nada» de la comparecencia del ministro.

Argumentos del PSOE
En el texto de la denuncia, el PSOE explicaba que «a pesar de la existencia de indicios delictivos en la actuación del Sr. Fernández Díaz, no consta que el Ministerio Fiscal haya iniciado ningún tipo de acción». Por ello, pedían a la Fiscalía que llamase a declarar al ministro, a Rato y a los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encargados de la investigación por blanqueo de capitales del exvicepresidente.

En el escrito argumentaban que la reunión del ministro con Rato es un hecho «anómalo» que ha creado una «alarma social», algo que el Ministerio intentó resolver con un comunicado que, a su juicio, «se ha demostrado falso». Frente a la explicación del Ministerio que enmarcó la cita en un encuentro personal, los socialistas consideraron «una negociación previa sobre el contenido de la reunión casa mal con el carácter personal».

Durante su comparecencia en el Congreso, el ministro reprochó al PSOE la presentación de esta denuncia sin antes haber escuchado sus explicaciones de la reunión. Además, el propio ministro contratacó y ordenó a los servicios jurídicos de su Departamento que estudiasen la posibilidad de emprender acciones penales contra el PSOE por un presunto delito de denuncia falsa, injurias y calumnias.