En la encuesta, realizada entre el 9 y el 20 de julio de 2015, apenas un 2,7% de los entrevistados afirman que en España se pagan pocos impuestos, frente al 63,9% que consideran la carga fiscal excesiva. Además, el 86,7% de los ciudadanos creen que el reparto fiscal no es justo, es decir, que pagan más quienes menos tienen, frente al 9,4% que sí ve adecuado el sistema actual.
En este sentido, casi la mitad de los ciudadanos (49,1%) cree que los impuestos se deberían recaudar sobre todo con figuras directas, como el IRPF, y sólo un 18,5% es favorable a primar los gravámenes indirectos, como el IVA, que se pagan independientemente del nivel de renta.
La falta de progresividad del sistema tributario no es el único problema que perciben los españoles. Un 64,2% cree que la sociedad recibe poco o nada de lo que se paga en impuestos y cotizaciones, sensación que tienen a nivel personal el 61,7% de los entrevistados. Sólo un 5,5% admite beneficiarse de las administraciones por encima de su aportación.
Es un tema que interesa
Por otra parte, casi seis de cada diez encuestados asegura que le interesan mucho o bastante los temas fiscales, frente al 40,7% que reconoce que se preocupan por estos asuntos poco o nada. Pese a este interés declarado, existe un nivel de confusión elevado en relación con qué administración recauda cada impuesto.
Así, apenas un 18,4% de la ciudadanía sabe que el IRPF está compartido entre Gobierno central y comunidades autónomas, mientras el 56,6% cree que sólo el Estado se beneficia de ese gravamen. Unicamente los impuestos municipales -IBI, Tasa de Basuras o Vados, por ejemplo- están atribuidos correctamente de forma mayoritaria.
Pese a la sensación mayoritaria de que la presión fiscal es demasiado alta, hay más partidarios de incrementar los impuestos para poder mejorar los servicios públicos (40,7%) que de bajarlos aunque se pierdan prestaciones (18,9%). El 32,8% de los españoles se muestra equidistante entre ambas opciones.
Valoración de los servicios públicos
No obstante, las opiniones varían en función del servicio del que se trate. Así, cuatro de cada diez encuestados (40,5%) opinan que la defensa recibe demasiados recursos, mientras que casi siete de cada diez personas (68,1%) opinan que lo que se invierte en atención a las personas dependientes es muy poco.
La sanidad, la investigación en ciencia y tecnología y la educación son otros servicios que están infrafinanciados para el 63,8%, el 63% y el 59,2% de los ciudadanos. Sin embargo, más de la mitad de la población considera justos los recursos que se invierten en seguridad ciudadana (56,6%) y transporte y comunicaciones (56,1%).
En cuanto al grado de satisfacción con el funcionamiento de los servicios, el 71,8% de los ciudadanos critica el funcionamiento de la Justicia, el 67,5% el de la dependencia, el 54,9% la situación de la enseñanza, y el 54,5% la gestión de las pensiones. Los servicios mejor valorados son el transporte público (55,8%), la seguridad (52,3%) y la asistencia sanitaria (48,3%).
El descontento también alcanza al 60% de los encuestados que consideran que existe solapamiento entre las funciones de las que deben encargarse las diferentes administraciones, sobre todo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que señalan un 45,6% de los ciudadanos.
De hecho, el 54,4% de los ciudadanos creen que no hay poca o ninguna coordinación entre Estado y autonomías y el 43,6% detectan el mismo problema entre comunidades y ayuntamientos.
Fraude fiscal
El CIS también analiza la percepción sobre el fraude fiscal. En este sentido, el 93,9% de los entrevistados creen que existe mucho o bastante fraude en nuestro país, aunque sólo un 8,4% se define personalmente como poco responsable ante Hacienda, frente al 90,3% que se declara muy consciente de sus obligaciones tributarias.
De hecho, esta percepción positiva sobre uno mismo se extiende también a los entornos más cercanos. Así, el 66,1% de los españoles cree que toda o casi toda la gente que conoce declara todos sus ingresos en el IRPF, frente al 20,1% que reconoce que pocos o ningunos de sus allegados son honestos con el Fisco.
Cuando se trata de declarar el IVA, el porcentaje baja al 50,1% de quienes confían en la honestidad de sus conocidos frente al 27,3% que admite que pueden estar defraudando al menos parte de sus ingresos.
En cuanto a las razones mayoritarias que pueden estar detrás de este comportamiento, un 23,3% cree que la escasez de empleo obliga a aceptar cualquier trabajo, aunque no se declaren dichos ingresos, mientras que un 22% opina que los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras vías de ingresos. No obstante, el 44,9% cree que casi todo el mundo engaña algo y que la Administración ya cuenta con ello.
Además, aunque el 86,4% de los españoles reconoce que engañar a Hacienda es engañar a toda la ciudadanía y el 88,5% rechaza que el fraude no perjudique a nadie, la sensación que tienen casi tres de cada cuatro ciudadanos (72,3%) es que si no se comete más fraude es por miedo a una revisión de la declaración, a pesar de que el 71,5% ve poco o nada probable que se la hagan.
En cualquier caso, un 63,9% de los españoles considera que actualmente la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal, frente al 26,7% que considera que se hace mucho o bastante en este campo.
El estudio 'Opinión pública y política fiscal' fue realizado con 2.473 entrevistas personales en domicilios de 256 municipios de 49 provincias españolas, y sus resultados tienen un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error de más/menos 2,0%.
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