El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que elaboren informes o atestados y los remitan a los tribunales, si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición.
Según han informado fuentes policiales, en el seno de las bases de los Mossos d'Esquadra se ha recibido con preocupación y desazón esta orden, de la que la mayoría de agentes se han enterado por la prensa, ya que hasta el momento no han recibido ningún tipo de directriz al respecto por parte de la consellería de Interior ni de la cúpula de la policía catalana.
El conseller de Interior, Jordi Jané, ha declinado valorar públicamente la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ante la que tampoco se han querido posicionar el director de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle.
Sin embargo, fuentes de la policía catalana han remarcado que los Mossos d'Esquadra cumplirán y harán cumplir la ley, como hacen siempre, aunque han lamentado que se les utilice en batallas políticas, desde todos los lados enfrentados, para tratar de erosionar al adversario.
Las fuentes consultadas han señalado que, por el momento, los agentes no han recibido ninguna instrucción por parte de los mandos de la policía catalana sobre cómo les afecta en su labor diaria la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El portavoz de SAP-UGT, Valentín Anadón, ha indicado a Efe que la policía es «absolutamente neutral y apolítica», por lo que, como cuerpo policial, no tienen ningún posicionamiento político y se limitan a respetar y hacer respetar la ley.
Anadón ha pedido que se deje a los Mossos d'Esquadra «al margen» del enfrentamiento político y ha reclamado a los representantes de los partidos y de las instituciones que solventen la actual situación de desencuentro negociando políticamente y no «traspasando el problema a la policía».
Por su parte, el portavoz del Sindicato de Policías de Catalunya (SPC), David Miquel, ha situado la resolución de la Fiscalía en un contexto de «normalidad», ya que se trata a su entender de un «recordatorio» para saber cómo actuar si se incumple una eventual suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la resolución de ruptura aprobada ayer por el Parlament.
David Miquel ha recordado que, en su quehacer diario, los Mossos comunican cualquier delito a la Fiscalía, aunque ha reconocido que en este caso se le da mayor trascendencia debido a la importancia política del actual proceso que vive Catalunya.
El portavoz del Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME), Toni Castejón, ha insistido que los agentes de la policía catalana son «ejecutores de las leyes en vigor» y ha recordado que el pasado año, cuando afrontaron una situación parecida con motivo de la consulta soberanista del 9N, ya advirtieron de que se limitan a obedecer órdenes para hacer cumplir la ley.
En cualquier caso, Castejón ha reclamado a la cúpula de los Mossos que les traslade órdenes claras.
En la misma línea, el portavoz del Colectiu Autònom de Treballadors (CAT), Jordi Costa, ha anunciado que en el Consejo de la Policía extraordinario convocado para el miércoles 18 de noviembre pedirán a la cúpula de la policía que dé directrices claras sobre cómo tienen que actuar los agentes para dar cumplimiento a esta resolución.
Costa, que también ha pedido que los Mossos d'Esquadra queden al margen de la disputa política, ha dejado claro que los agentes de la policía catalana tienen que cumplir la ley y hacerla cumplir y que no pueden obedecer ninguna orden que sea ilegal.
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Tenim idees falses sobre els mossos d'esquadra. A la seva fundació, es tractava d'un cos d'ordre públic borbònic i doncs unionista. Hi ha sorpreses dins la història catalana.