El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha sentado en el banquillo de los acusados al presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, que se enfrenta a una petición del fiscal de diez años de cárcel por adjudicarse entre los años 2000 y 2002 un total de 22 contratos presuntamente amañados por valor de 2,35 millones de euros.
Así consta en un auto en el que el magistrado dicta la apertura de juicio oral para esta pieza separada del 'caso Gürtel', en la que también están acusados el exjefe de prensa de la empresa pública Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA) Angel López de la Mota y su número dos, Javier Gavari, que se enfrentan a ocho años de cárcel; así como el contable de las empresas de la red, José Luis Izquierdo, para el que el Ministerio Público pide siete.
En su escrito provisional de acusación las fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Concepción Nicolás atribuyen a los dos responsables de AENA los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones y cohecho, a Correa estos tres y el de falsedad en documento mercantil y a Izquierdo los dos últimos.
Fianzas civiles
El juez, que da diez días a las partes para que presenten sus respectivos escritos de acusación y defensa, establece también una serie de fianzas al objeto de asegurar las responsabilidades civiles que podrían derivarse del procedimiento, una vez que se dicte una sentencia firme.
Teniendo en cuenta la cuantía de las multas y el tercio de añadido establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), la fianza más alta corresponde a Correa, que tendrá que afianzar bienes por valor de 836.287 euros, seguida de las impuestas a Gavari (443.512 euros), Izquierdo (370.908) y López de la Mota (254.304).
Según el juez De la Mata, los dos ex altos cargos de AENA, dependiente del Ministerio de Fomento, desarrollaron sus funciones con una «arbitrariedad patente» y cometiendo «una ilegalidad manifiesta» en la adjudicación de los expedientes para beneficiar a la trama.
SOBORNOS A LOS DOS CARGOS
A cambio de las adjudicaciones, que se realizaron vulnerando los principios de «legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad», la trama Gürtel sobornó presuntamente a López de la Mota con 67.215,12 euros. Así, sufragó las obras que se hizo en su ático de Villaviciosa de Odón (Madrid), con un coste de 46.216,74 euros, le entregó 6.000 euros en efectivo y le regaló viajes a Eurodisney con su familia o las islas Canarias por 14.998,38 euros.
Gavari, que «colaboró estrecha y decisivamente» con su jefe desde su posición en la filial Clasa, recibió dádivas por valor de 75.690,33 euros, de los que 61.354 los recibió en metálico y 14.336,33 en servicios turísticos para él y su familia en Mallorca, Eurodisney o Tenerife.
Las irregularidades se produjeron, en concreto, en cinco adjudicaciones por valor de 1,37 millones de euros que fueron tramitados como Expedientes de Contratación y 17 que se aprobaron mediante la figura de Propuesta y Aprobación de Contratación Específica (PACE) por 984.313,29 euros.
A través de estos expedientes las empresas de la trama Gürtel FCS, Pasadena Viajes, Special Events y TCM organizaron la presencia de AENA en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid en los años 2001 y 2002, en el Barcelona Meeting Point o en otros simposios como Expo Ocio o I+D Eurocontrol.
Gatos en 'catering'
Los contratos se realizaron con una declaración de «urgencia», que en todos los casos era «inadecuada e improcedente», según el juez. Las ofertas siempre se hacían a las mismas empresas y en al menos un caso, en referencia a la feria Expo Ocio 2002, la fecha de adjudicación era posterior a la de celebración del contrato.
El juez mantiene que López de la Mota y Gavari «conocieron perfectamente la ilegalidad» de su actuación, que consistía en simular «la concurrencia de una urgencia inexistente» para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad e invitar a los concursos únicamente a las empresas de Correa.
En una de las facturas analizadas Pasadena Viajes cargó a AENA un total de 9.075,28 euros en concepto de 'catering' (bebidas, aperitivos y canapés). Este gasto, que no aparecía reflejado en el contrato, se justificó al asistir «un muy elevado número de personas respecto a lo previsto». «Si se tiene en cuenta el importe facturado --dice el juez--, el número de personas no previstas representaría un incremento del 63,57%».
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