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El pleno del Congreso ha aprobado este martes con los votos a favor del PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, DiL, Compromís e IU-UP, y la abstención del PNV, crear una comisión permanente para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

El éxito de la iniciativa, promovida por el PSOE, Podemos, Compromís e IU-UP, ha llevado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a ponerla como ejemplo para el acuerdo de gobierno 'a la valenciana' que, a su juicio, necesita el país.

«Ojalá podamos seguir poniéndonos de acuerdo para que este país cuente con un gobierno que acabe por fin con la corrupción como forma de gobierno», ha deseado Iglesias.

En su intervención, el líder de Podemos, ha defendido que la corrupción no es la «suma controlable de manzanas podridas» ni una «consecuencia inevitable de la naturaleza humana, como dicen los defensores del cinismo político», sino una «forma de gobierno para que manden los que nos se presentan a las elecciones».

Tras cifrar en 48.000 millones de euros los sobrecostes por corrupción en la contratación pública, ha aprovechado para instar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera -presente en el hemiciclo-, a dejar de sostener en la Comunidad de Madrid al «Gobierno de la Púnica».

El diputado socialista Juan Carlos Campo también se ha congratulado por el acuerdo «en tiempos de tanta zozobra» y ha defendido el objetivo «tan ambicioso como necesario» de examinar la calidad de democrática en un momento en que los ciudadanos muestran una desconfianza hacia las instituciones «como nunca».

Campo ha explicado que la comisión tendrá entre sus atribuciones, analizar, acordar y proponer las medidas y modificaciones legislativas necesarias para fortalecer las instituciones, mejorar la representación política, la democracia interna de los partidos, la participación ciudadana, regular los conceptos de intereses de los cargos públicos y electos y reforzar la independencia de los órganos constitucionales y reguladores.

La representante del PP María Jesús Moro ha defendido que, aunque «todo es mejorable, se ha avanzado mucho» en la legislatura anterior con el programa de regeneración democrática que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy.

No obstante, ha explicado que su grupo considera «necesario atender la voz de la ciudadanía» y «mejorar los mecanismos de prevención», que a su juicio es lo que «más ha fallado».

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Además, ha llamado a otros partidos a dejar de tirarse «los trastos a la cabeza» con el suyo por los casos de corrupción.

En nombre de Ciudadanos, José Manuel Villegas ha apoyado la iniciativa con el argumento de que la nueva etapa política debe tener como objetivo «erradicar corrupción».

«Aunque no podamos evitar que un chorizo robe, sí podemos evitar que sea parte del sistema», ha defendido, convencido de que la comisión que se va a poner en marcha puede «ayudar a coordinar» medidas de lucha contra la corrupción política.

Teresa Jordá (ERC), que ha aseverado que los ciudadanos tienen que saber antes de votar «quién les ha mentido y quién les ha robado», se ha mostrado convencida de que la deuda española «es en esencia fruto de la corrupción» y que ha «crecido a la sombra de los sobres».

Desde DiL, Carles Campuzano, ha pedido que la comisión que se va a crear no se caracterice por el «y tú más» y ha sostenido que los problemas de corrupción y desafección están «vinculados con problemas de cultura que no se van a resolver con leyes».

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha recordado que su tierra, la Comunidad Valenciana, está especialmente castigada por la corrupción, pero ha subrayado que «no es la única».

«¡Cuántos hospitales, colegios, empresas y puestos de trabajo se podrían haber creado! ¡Cuánto dinero se ha robado a los ciudadanos!», ha lamentado el valencianista, mientras que la diputada de IU-UP Sol Sánchez ha abogado por «luchar contra las causas» de la corrupción.

La iniciativa, que no ha contado con ningún voto en contra, ha sido aprobada con la abstención del PNV, que no comparte que la comisión «mezcle» la prevención y el control de la corrupción con otras cuestiones que pueden generar desafección, pero que no son prácticas corruptas.

«No es lo mismo la elección de candidatos por sufragio directo y secreto que la financiación ilegal de los partidos y por tanto no se le puede dar un tratamiento conjunto», ha puesto como ejemplo Joseba Andoni Agirretxea.