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El juez Santiago Pedraz ha decretado prisión sin fianza para los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, respectivamente, a los que atribuye cuatro chantajes para que el sindicato retirara acusaciones en sendas causas judiciales, entre ellas la de la infanta Cristina en Nóos.

Ambos, detenidos el viernes acusados de extorsionar a bancos a cambio de publicidad o de retirar acusaciones, han declarado este lunes ante el juez, que ha decidido mandarles a prisión por los delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones.

Y así, a las nueve y media de este lunes han ingresado en la cárcel de Soto del Real.

Según el auto de prisión, esta organización criminal la dirigía Pineda, que usaba la «cobertura» de presidir una asociación en defensa de los consumidores cuando en realidad coaccionaba a estas entidades a cambio de dinero. «Como medio para reforzar dicha coacción», detalla el juez, usó a Manos Limpias.

Los bancos que aceptaban el chantaje para que se les hiciera publicidad positiva o se les retiraran acusaciones pagaban a cambio grandes sumas de dinero, que el juez no cuantifica, enmascaradas en convenios publicitarios.

El auto desgrana cuatro chantajes para retirar acusaciones de Manos Limpias, una de ellas la de la infanta en el caso Nóos, por la que pidieron 3 millones, y otra la del presidente de Unicaja, Braulio Medel, en el caso de los ERE.

Estas extorsiones quedaron grabadas en las conversaciones pinchadas a los imputados y la primera que hace referencia a la infanta fue el pasado 29 de febrero, cuando Pineda llamó al director general de la Fundación La Caixa y le propuso «negociar la retirada de la acusación popular de Manos Limpias».

Tras la declaración de la infanta el 3 de marzo ante la Audiencia de Palma, se intervino otra conversación entre Pineda y otro de los imputados, el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Javier Castro Villacañas, en la que comentaron la intervención en el juicio de la abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación en Nóos.

Pineda dijo que la letrada «se ha pasado», pero luego añadió: «Pero bueno, luego tendrá que plegar velas tío y punto» y «hacer lo que deba hacerse, no lo que le guste a ella, aparte que su momento de gloria ya lo ha tenido».

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También aparece el subdirector general de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell y el abogado de la infanta, Miguel Roca (consejero de la entidad), quien se llegó a reunir con Pineda, pero dijo haberse negado al chantaje y luego denunció los hechos junto al directivo del Sabadell.

La extorsión que sí fructificó fue la del presidente de Unicaja y en las conversaciones figura cómo Pineda pactó con la entidad el pago de un millón de euros en forma de contratos publicitarios a cambio de la retirada de la acusación.

De hecho, a 2 de febrero, Unicaja había pagado a Ausbanc 617.127 euros en 2016, una cantidad que -reseña el juez Pedraz- es «muy superior» a la pagada en años completos precedentes.

El magistrado no deja constancia del pago de los otros 400.000 euros, pero sí de que el 29 de febrero Pineda pide al abogado que presente el escrito de retirada de la acusación, cuya acreditación enviaría el responsable de Ausbanc «al presidente» con las «significativas» palabras de «misión cumplida».

Otro caso investigado atañe de nuevo al Sabadell, donde Pineda negocia con Bernad y con Villacañas el envío de un burofax a ese banco al tiempo que él se ofrecía a ayudar a la entidad a cambio de que le rebaje la deuda a un determinado constructor.

También detalla Pedraz el denominado «caso Facua», con grabaciones en las que Pineda pide a los abogados de Manos Limpias que en el caso de las presuntas facturas falsas de UGT Andalucía se centren en imputar al portavoz de la organización de consumidores, quien les acababa de ganar un juicio y una indemnización de 900.000 euros por intromisión en el derecho al honor

En el auto, se detalla además que Ausbanc transfirió en los últimos cinco años 7.184.051 euros a las empresas vinculadas a la asociación, algunas de ellas radicadas en Colombia, Venezuela, los Estados Unidos, México y el Reino Unido y que, según el juez, no tenían una actividad real.

Además de estas citadas transferencias desde Ausbanc a sus sociedades, el juez indica que se han detectado en esos cinco años traspasos de fondos «en cuantías considerables» que las sociedades percibieron «de forma directa de las entidades bancarias» que extorsionaban.

Pedraz ha tomado este lunes declaración a tres arrestados más, a los que ha dejado en libertad con comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Se trata de tesorero de Ausbanc, Alfonso Gil Solé; el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría, y el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Castro Villacañas.