El CPFF aprueba el déficit de 2016, con quejas de las comuninades socialistas y Catalunya

Presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este órgano ha dado el visto bueno al techo de déficit autonómico para este año, que se sitúa en el 0,7 por ciento.

También ha salido adelante la nueva senda para el período 2017-2019, con un techo de déficit del 0,5 por ciento en 2017, del 0,3 en 2018, para llegar al equilibrio presupuestario, el cero, en 2019.

En este caso, las comunidades del PP han votado a favor, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en contra las del PSOE, además de Canarias, Cantabria, Catalunya y Navarra.

En la rueda de prensa posterior, el ministro ha puesto de manifiesto la «buena voluntad» para cumplir con los objetivos de las comunidades y el «buen ambiente» en las negociaciones que han mantenido hasta ahora, por lo que se ha mostrado sorprendido porque algunas de ellas luego se muestren en público tan disconformes.

A su juicio, «no es aceptable» que haya «esa buena voluntad» mientras negocian y, «luego, estén todo el día llenando titulares» de que «no van a cumplir con los objetivos» de déficit, deuda y techo de gasto, y «no pueden porque es la ley» lo que el Ministerio pide que se aplique.

El ministro ha valorado «el tono radicalmente diferente» y el «buen ambiente» de la reunión del CPFF de hoy frente al que se respiro en la anterior, hace quince días, cuando el déficit previsto era del 0,3 por ciento. A su juicio, la cifra actual es «mas suavizada, pero también más realista» para que las comunidades puedan cumplir.

Dentro del Consejo, en cambio, la senda de estabilidad de los próximos tres ejercicios sí se ha traducido en un enfrentamiento entre siglas, como ha quedado reflejado en la votación.

Después, en declaraciones a los medios, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que su comunidad tendrá «dificultades» para cumplir los objetivos, en tanto que para su homólogo valenciano, Vicent Soler, no se atienden las necesidades de los ciudadanos.

María Jesús Montero, consejera de la Junta de Andalucía, ha considerado que las cifras ofrecidas por Montoro ahondan en la «asfixia» de las comunidades.

Por el contrario, los responsables de Hacienda de las comunidades del PP han coincidido en que los objetivos de déficit permiten mantener unos servicios de calidad para los ciudadanos.

Además, Montoro ha recordado que mañana se aprobará en el Consejo de Ministros el nuevo plan de estabilidad y programa nacional de reformas, que será remitido a Bruselas, que prevé para la Administración central un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros.

El ministro ha descartado dar cifras sobre la no disponibilidad de créditos que le corresponde hacer a las comunidades, ya que cada una parte de un déficit distinto de 2015.

Durante la rueda de prensa, Montoro ha dado a entender que alguna comunidad puede haber pedido subir algunos de sus impuestos para cuadrar sus cuentas, pero no ha querido dar ningún detalle a este respecto.

Lo que sí ha dejado claro es que las autonomías incumplidoras del objetivo de déficit en 2015 tienen que aprobar acuerdos de no disponibilidad de gasto antes de finales de este mes, porque, de no hacerlo, estarán incumpliendo la ley y el Gobierno tendrá que tomar medidas, aunque no ha especificado en qué cantidad lo tienen que hacer.

Ha quedado excluida Castilla y León, ya que desde 2013 no estaba obligada a presentar sus planes económicos y lo ha seguido haciendo de manera voluntaria.

Respecto al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha avanzado que comenzará a pagarse en la tercera semana de mayo.

Beteta, que estos días pasados ha tenido reuniones bilaterales con Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia y Madrid, ha dicho que están cerrados ya los planes económico-financieros de casi todas ellas.

En la reunión del CPFF se ha dado además el visto bueno a los objetivos de deuda pública, que para el conjunto de las comunidades se ha fijado en el 24,2 por ciento del PIB nacional, frente al 22,5 por ciento que se había establecido antes.

Para el trienio 2017-2019 quedan en el 23,9, el 23,4 y el 22,5 por ciento, respectivamente.

El ministro ha recalcado que a las comunidades no se les están pidiendo recortes «en absoluto».

«No hay nada que les obligue a más recortes», ha reiterado.

Lo que el Gobierno reclama, ha dicho Montoro, es que «los nuevos recursos se utilicen para financiar los déficit del pasado» y moderación el aumento de gasto.