La consejera de la Presidencia, Neus Munté (i) , y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont (d), se dirigen a la reunión semanal del ejecutivo catalán. | Efe

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El Govern ha reiterado este martes su «determinación» en celebrar el referéndum soberanista pese a que los miembros del ejecutivo han recibido la quinta notificación judicial que les advierte de que no pueden proseguir con los preparativos de la consulta soberanista.

La quinta notificación informa al Govern de que el Tribunal Constitucional ha suspendido las disposiciones de la ley de Presupuestos de la Generalitat referentes al referéndum de autodeterminación, por lo que les advierte de que no pueden dar pasos siguiendo los artículos suspendidos y les avisa de posibles responsabilidades penales.

En este contexto, el Govern ha anunciado que se personará en el proceso del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central para defender la legalidad de la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos, suspendida por el TC.

«No dejaremos de ir hacia adelante», ha escrito Puigdemont en Twitter, en un mensaje que ha acompañado de una fotografía de él con las cinco notificaciones y un cuadro con el lema «Catalunya endavant» (Cataluña adelante).

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, la consellera de Presidencia, Neus Munté, ha remarcado que, pese a las notificaciones, el Govern afronta «con determinación» los próximos pasos del proceso soberanista y ha remarcado que «hay un acuerdo total y absoluto en culminar este mandato denominado referéndum».

Munté ha expresado este mensaje de unidad entre el PDeCAT y ERC dentro del Govern en la preparación del referéndum, aunque este martes se han visualizado desavenencias a la hora de explicar detalles de esta cita electoral, aún sin fecha en el calendario.

Así, la secretaria general de ERC y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, Marta Rovira, ha asegurado que la Generalitat estudia crear una bolsa de parados que puedan trabajar en diversas tareas de la organización del referéndum de autodeterminación.

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Sin embargo, Munté, vicepresidenta del PDeCAT, ha afirmado: «No me consta que se esté analizando esta situación, pero de lo que hace o deja de hacer el Govern de la Generalitat informa el Govern de la Generalitat».

Munté ha apuntado que el Govern tiene «la responsabilidad de analizar diferentes escenarios», pero ha marcado distancias con la propuesta de Rovira al recalcar que es «un planteamiento que hace una representante de una formación política».

La portavoz de la Generalitat no ha avanzado ningún detalle del referéndum y se ha limitado a decir que el Govern actuará de la forma «más determinada, discreta y diligente posible».

«No nos consta que el Gobierno del Estado explique sus estrategias públicamente con relación al proceso que vive Cataluña, ¿Por qué tendríamos que hacerlo nosotros?», ha expresado Munté, que se ha limitado a señalar que el Govern tiene «un compromiso muy claro para hacer el referéndum».

Una consulta que el Govern querría aún acordar con un Gobierno de España que, según Munté, «no quiere hablar» y responde por la vía judicial.

La consellera de Presidencia, asimismo, ha garantizado en todo el proceso del referéndum «la protección de los trabajadores públicos».

Según fuentes del Govern, además de los consellers y el presidente, también han recibido notificaciones judiciales el secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana; el secretario general de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové; la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; la directora de Contratación Pública, Mercè Corretja; y la directora general de Presupuestos, Anna Tarrach.