La UCO ratifica sus sospechas sobre Cristina Cifuentes en un segundo informe

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Cristina Cifuentes acudió este miércoles a la firma del Pacto Regional por la Caña Real Galiana con los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid.

Cristina Cifuentes acudió este miércoles a la firma del Pacto Regional por la Caña Real Galiana con los alcaldes de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid.

17-05-2017 | Fernando Villar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en un segundo informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en 2011 que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tuvo que ser partícipe «directa» y conocedora de que se hizo de forma irregular. Así lo explica la UCO en un informe del pasado 27 de marzo, que amplía uno anterior en el que atribuye a Cifuentes delitos de prevaricación y cohecho.

En el segundo informe recoge las declaraciones de tres personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo al expresidente de la patronal madrileña del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid.

Esos tres imputados situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las diferentes ofertas para esos concursos, de los que la presidenta madrileña participó como presidenta de la mesa de adjudicación pero también como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.
En la licitación de 2011 participó uno de los imputados, Arturo Zubiri, funcionario de la Asamblea que, según explicó él mismo a los agentes, asignó cero puntos a una empresa competidora de Arturo Fernández «bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna».

Por otra parte, aunque el juez Velasco ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay pruebas que esté implicada en la financiación ilegal del partido, en un auto dictado el 6 de marzo, reseñó la existencia de «sólidos indicios» que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández «fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes».

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