El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), se han reunido en el Palacio de la Moncloa. | Ballesteros

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado mantener un «contacto permanente» sobre la situación en Cataluña, en un encuentro en el que ambos han coincidido en que la prioridad es declarar «inaceptable» la celebración de un referéndum de secesión.

Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término de la reunión que Rajoy y Sánchez han mantenido en la Moncloa, que ha calificado de «cordial» y que se ha prolongado durante «dos horas largas».

Rajoy y Sánchez, ha dicho el portavoz, tienen una «coincidencia absoluta» en «lo esencial», que el referéndum secesionista que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre «es ilegal» y que «atenta contra la soberanía nacional».

Según Méndez de Vigo, ambos han coincidido en que con la situación creada en Cataluña por las iniciativas secesionistas, la «prioridad es declarar inaceptable este referéndum de secesión» e «inaceptable la violación sistemática y constante de la Constitución y las leyes».

Además, ha dicho que ese compromiso de «contacto permanente» muestra la voluntad de seguir hablando ante cualquier eventualidad que se produzca.

El referéndum de autodeterminación es ilegal, atenta contra la soberanía nacional y lo establecido en la Constitución, ha insistido Méndez de Vigo, que ha resaltado la importancia de este mensaje político de Rajoy y Sánchez. Al Gobierno, ha dicho, le parece «positivo» el diálogo fluido, hablar y consensuar.

Y es que, ha reiterado, un referéndum de autodeterminación «no tiene ninguna base legal ni internacional», no lo reconoce ninguna constitución del mundo salvo la de Etiopía y es «puro simulacro, sin apoyatura jurídica alguna».

Ha aprovechado para arremeter contra la anunciada ley del referéndum y ha incidido en que el Govern catalán no puede pretender reconocer el derecho de autodeterminación a través de lo que denomina como una ley suprema del Parlamento.

En este sentido, ha recordado que en España las comunidades pueden utilizar sus competencias en el marco constitucional, pero «lo que no es posible es que una ley de un parlamento sea una ley suprema y que esté por encima jerárquicamente incluso de la Constitución».