El Gobierno central exige a las CCAA que deleguen por unanimidad al SEPE la gestión del Plan Prepara para prorrogarlo

Así lo ha asegurado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso, a la que ha acudido para explicar los planes del Ejecutivo para dar continuidad a este plan, caducado desde el pasado 16 de agosto.

Báñez se ha escudado en la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal para no prorrogar a finales de julio este plan a través de un decreto ley que, ha asegurado, estaba redactado y listo para su aprobación «pero la falta de consenso hizo que no viera a la luz».

«Pese a la voluntad de acuerdo, no hubo consenso social a la renovación del Plan Prepara, que incorporaba otras mejoras», ha aseverado la ministra, que ha citado mejoras en el contrato relevo para jóvenes acogidos a la Garantía Juvenil, en los contratos en prácticas, a un nuevo «marco de calidad» para los contratos en prácticas no laborables y a la ayuda complementaria a los jóvenes de la Garantía Juvenil pactada con Ciudadanos y que correría a cargo de fondos comunitarios.

Envía a las CCAA un borrador de acuerdo y del decreto de ley

Además de la falta de acuerdo con los interlocutores sociales, Báñez ha citado la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de las comunidades autónomas.

En este sentido, Báñez ha asegurado que este mismo martes su departamento ha remitido un borrador de acuerdo a las administraciones autonómicas para que éstas encomienden al SEPE la gestión del programa en una próxima conferencia sectorial, así como el decreto ley por el que el Ejecutivo prorrogaría el plan de ayudas a personas desempleadas de larga duración. «El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas, en especial las más vulnerables», ha aseverado Báñez.

La prórroga del plan tendría lugar hasta la renovación de los sitemas de protección, en los que el Gobierno, junto a los interlocutores sociales, trabajará a partir del 4 de septiembre, según ha dicho la ministra, con el objetivo de unificar los diferentes planes de ayuda, adecuarlos a la sentencia del Tribunal Constitucional, y mejorar el índice de inserción laboral.