Igualmente, se ha incluido en el orden del día el estudio de la recusación presentada por la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, contra los doce magistrados del TC, a quienes considera 'contaminados' para resolver sobre este asunto.
Fuentes del alto tribunal han informado que también ha llegado a este órgano un recurso de amparo presentado por diputados del PSC que consideran que a lo largo de la tramitación y debate de ayer en la cámara catalana se vulneraron sus derechos como parlamentarios.
En la impugnación presentada ayer la Abogacía del Estado advierte de que los últimos acontecimientos en la cámara catalana suponen un incumplimiento de las resoluciones del propio tribunal y pide su anulación.
Además, solicita que el tribunal de garantías deduzca testimonio de Forcadell y del resto de miembros de la Mesa que votaron a favor de la tramitación de la ley de referéndum por las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de su actuación.
En cuanto a la recusación, Forcadell pide que se aparten los doce miembros del tribunal al considerarles «contaminados» para decidir sobre la aplicación de medidas de ejecución de sus sentencias en relación con el proceso independentista.
Existen antecedentes de recusación de todos los magistrados del TC que fueron inadmitidas de plano y no paralizaron por lo tanto la acción de este órgano. La cuestión es resuelta por el propio tribunal recusado porque sus magistrados no tienen sustitutos y la ley mas prevé la formación de ningún órgano especial integrado por personas ajenas a esta institución. ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
En su recurso , el Gobierno insta al Constitucional a no limitarse a una «mera declaración de nulidad» de los actos impugnados y a acompañar esta decisión de «todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar la continuación de la vía de hecho del Parlamento de Cataluña en el llamado proceso de secesión de Cataluña».
Concreta esta petición en la reclamación de responsabilidades penales para la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y del resto de miembros de la Mesa que este miércoles votaron a favor de la admisión a trámite por incumplir la sentencia en la que el propio TC anuló en diciembre de 2015 la resolución independentista y prohibió todos los actos dirigidos a cumplirla.
El recurso elaborado por la Abogacía del Estado argumenta que «para salvaguardar la autoridad del Tribunal Constitucional y el Estado de Derecho «se hace preciso que se explicite con la mayor claridad y contundencia posible que la ejecución de los actos aquí impugnados constituyen un grave incumplimiento de las decisiones adoptadas por el tribunal, y que los instrumentos no puedan ponerse en marcha».
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