El ministro ha dejado claro que la Leyes son de «obligado cumplimiento» en España para todos los ciudadanos «residan en la comunidad autónoma en la que residan».
Así, Zoido, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de «alentar el acoso totalitario» contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha anunciado que el Gobierno ha tomado la decisión de que ni los policías nacionales ni los guardias civiles «abandonen ningún hotel donde haya contrato en vigor».
En una comparecencia sin preguntas desde el Ministerio del Interior tras reunirse en Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior ha condenado los «asedios que representan el odio y el totalitarismo», comprometiéndose a recurrir a los tribunales para frenarlos.
«Son actos tumultuarios» que el ministro ha relacionado de forma «directa con las palabras» del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que ayer lunes exigió la salida de Cataluña de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Lo único que hacen allí», ha dicho sobre estos agentes, «es garantizar la libertad y derechos de todos los catalanes, cumplimiento órdenes jurisdiccionales».
Los actos alentados por Puigdemont, ha dicho en varias ocasiones, «exigen la condena de todos los demócratas». En este sentido, ha reiterado su llamamiento a la Generalitat para que retome la senda de la legalidad y cese en su estrategia de «empujar cada día al pueblo hacia el abismo, alentando la rebelión en las calles». «La sinrazón y comportamiento antidemocrático sólo conducen al precipicio», ha advertido.
Según ha subrayado Zoido, sólo desde «la ley, el Estado de Derecho y la división de poderes» se puede garantizar la «convivencia democrática» que, ha comentado, «es como se construye un pueblo». «Y no por la fuerza y no imponiendo por la fuerza unas normas que han sido declaradas inconstitucionales», ha enfatizado.
El responsable de Interior se ha comprometido a tomar «todas las medidas necesarias para frenar actos de asedio tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil» para que España siga siendo «garantista». «Las leyes son de obligado cumplimiento en España, se resida donde se resida. Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos y mismas obligaciones», ha concluido.
La comparecencia se ha llevado a cabo tras la reunión de urgencia de este martes a primera hora con los directores generales de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, y de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, para estudiar las medidas «dentro del Estado de Derecho que frenen el intolerable acoso» contra agentes por parte de grupos independentistas en Cataluña.
Encima de la mesa se han barajado «todas las medidas» posibles para defender la legalidad y mantener su compromiso con las órdenes judiciales desde que se les ordenó impedir el referéndum ilegal del pasado domingo, 1 de octubre. A la reunión en Interior también asistió el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Esta reunión sirvió para preparar el posterior encuentro en Moncloa de Zoido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También se ha sumado el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal.
Tras la noche de tensión en Cataluña por los escraches contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todos los sindicatos de la Policía Nacional han realizado un nuevo llamamiento al Ministerio del Interior para que «ataje de inmediato» el acoso que sufren los agentes desplazados a Cataluña.
Los sindicatos han advertido que, de no ser así, comenzarán a pedir dimisiones del director general del Cuerpo, Germán López, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
SUP, CEP, UFP, SPP y ASP critican los «ataques, acoso, persecución y señalamiento» en una campaña «simultánea» en la que se han elegido objetivos como hoteles y comisarías para «poner en el centro de la presión de determinado sector social a quienes se han limitado a cumplir con la legalidad durante el 1-O, por orden judicial».
«Esta práctica, de extrema gravedad en una democracia y propia de dictaduras fascistas, descansa en el acoso personal a los agentes». Por eso piden a Zoido que «ataje de inmediato con todas las medidas legales, logísticas, políticas o de cualquier tipo que pongan fin a estas prácticas mafiosas». «Ya es hora de que deje de escurrir el bulto», le dicen al ministro.
Las asociaciones de guardias civiles también han reclamado que se proteja a los agentes que desempeñan su trabajo amparados por el mandato judicial. Todas las organizaciones profesionales han pedido al Estado que actúe ya para frenar lo que interpretan como una «campaña orquestada por una minoría radical para dinamitar el marco de convivencia».
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