La Fiscalía hace esta advertencia en la querella interpuesta en la Audiencia Nacional contra Puigdemont y el resto de los miembros del Govern. | Reuters

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La Fiscalía considera que la declaración de independencia y la asunción en «exclusiva» por parte del expresidente catalán Carles Puigdemont del mando de los Mossos d'Esquadra «supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña».

La Fiscalía hace esta advertencia en la querella interpuesta en la Audiencia Nacional contra Puigdemont y el resto de los miembros del Govern por delitos de rebelión, sedición, malversación y «otros conexos», en relación con todos los trámites que llevaron el viernes a votar en el Parlament una declaración unilateral de independencia y que se remontan a hace dos años.

«La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución Española en Cataluña», precisa la querella.

Para el Ministerio Público, es evidente que la estrategia de la Generalitat, «basada en la movilización de la sociedad, parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el Govern».

Recuerda que ya en 2014 el denominado Consell Assessor per a la Transició Nacional (CANT), en su Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, señalaba como «problema a resolver a medio o largo plazo» la forma de organizar «los efectivos de defensa, o, por decirlo claramente, la opción por la creación o no de un ejército».

Como propuesta, presentaba dos «grandes» alternativas: la primera se refería a ampliar las funciones de los Mossos, lo que implicaría una militarización parcial del Cuerpo y la creación de una Guardia Nacional, con funciones de seguridad, de gestión de emergencias o de defensa, coordinada con los demás cuerpos de seguridad.

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La segunda alternativa era la de optar por la creación de un ejército que, «dadas las nuevas condiciones, podría ser muy diferente de los existentes hasta finales del siglo XX».

«La Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular por lo que se refiere a la policía autonómica», insiste la Fiscalía.

Para la Fiscalía, «esto no suponía descartar para un futuro la creación de un ejército» y a este respecto recuerda lo que respondió Puigdemont el pasado 29 de agosto en una conexión a través de Facebook Live, a preguntas que le hicieron llegar los ciudadanos.

A varias preguntas que hacían referencia a si Cataluña ha de tener ejército en caso de secesión, Puigdemont respondió: «Los ejércitos y la política de defensa son absolutamente indispensables» o «No hemos de tener complejos, hemos de tener una política de defensa moderna, democrática y homologable a la de las naciones aliadas», destaca la querella.

Respecto a la posible utilización de la policía catalana a favor de la independencia, la Fiscalía incluye también lo que dijo el exconsejero de Interior Joaquim Forn, uno de los querellados y «máximo responsable de dicha fuerza policial», cuando el pasado 11 de octubre fue preguntado en un medio de comunicación sobre si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional y Guardia Civil.

Forn respondió al respecto: «Si hi ha bona voluntat i s'accepta la nova realitat política, no hi haurà cap col·lisió entre policies» (si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías)».