El juez deja en libertad a Ignacio González con una fianza de 400.000 euros

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en consonancia con el criterio de la Fiscalía porque cree que hay escasas posibilidades de que se sustraiga a la justicia al estar muy avanzada la investigación y de que maneje fondos en el extranjero, gracias a la colaboración judicial con países como Colombia y Panamá.

Una vez que pague la fianza, González podrá salir de la cárcel madrileña de Soto del Real y después deberá comparecer semanalmente en la Audiencia Nacional o en el juzgado más cercano a su domicilio. Además, el juez le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país.

Pese a acordar estas medidas, el juez sigue considerando que tanto González como su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión- «se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones».

«Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada», asegura el magistrado.

Según el juez, tanto González como Rodríguez Sobrino tenían «pleno conocimiento» de que se estaban cometiendo delitos en la operación de la compra en 2001 de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, que pudo ocasionar un desfalco de unos 70 millones de euros a las arcas públicas y que se hizo con Alberto Ruiz Gallardón como presidente autonómico.

Castellón cree que pudo ser González quien encargó y posteriormente ocultó un informe sobre la operación, que se extendió desde el 2001 hasta el 2012, realizado por un despacho de abogados y pagado con fondos públicos, aunque no se ha concretado todavía el importe exacto.

«Una autoridad pública encarga y paga con dinero público un informe a un despacho de abogados para analizar la operación de compra de Inassa pero posteriormente oculta dicho informe», señala el juez, quien dice que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación.

Dicho informe, prosigue el auto, «no se limitaba a exponer meras irregularidades sino que contenía indicios claros de una conducta delictiva» que eran conocidos por González y por Rodríguez Sobrino.

Acerca de las irregularidades en la adjudicación de la construcción y gestión del Canal Golf, Castellón eleva a 1,2 millones de euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados pudieron obtener a costa del erario.

El magistrado sostiene que González se concertó con otros investigados, entre ellos su hermano Pablo, «para lograr que el contrato» recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas «perjudiciales» para la Comunidad de Madrid.

Para ello, «removió todos los obstáculos legales» incumpliendo la legalidad administrativa de forma que el Canal de Isabel II «por orden de Ignacio González trazó una actuación fraudulenta que llevó a la violación flagrante de las competencias urbanísticas del municipio».

Y además los investigados «convinieron presuntamente el desvío de capitales públicos invertidos en la ejecución de las obras a través de la mercantil Tecnoconcret», una operación que les reportó 578.474 euros.

Este presunto desvío se hizo a través de esta empresa, vinculada con González y a la que ACS adjudicó contratos relacionados con el Canal Golf por 3,2 millones de euros cuando, sin embargo, la aportación de Tecnoconcret «fue nula» ya que se creó únicamente con el objetivo de proporcionar «opacidad» a los investigados.

Tanto es así que se creó 12 días después de la publicación del concurso, tan solo contaba con una «pequeña oficina» y sus únicos trabajadores eran tres personas investigadas en la causa.

Para ocultar todos los beneficios ilegales, los hermanos González y los investigados Juan José Caballero y José Antonio Clemente se valieron de un entramado societario en el que emitían facturas falsas.

Clemente y otro investigado, cobraban cheques de cuentas bancarias de Tecnoconcret y se los entregaban Pablo González o a Caballero y, para dar cobertura legal a dichos cobros y extracciones de dinero en metálico, crearon un sistema de facturación falso con varias sociedades instrumentales simulando relaciones contractuales inexistentes con Tecnoconcret. De esta forma lograron dar apariencia legal a 858.928 euros.

Por su parte, el juez también recuerda que la trama liderada por el expresidente madrileño ha actuado en el extranjero y que existen evidencias de que el reparto de papeles entre los miembros de la red «facilita el retorno del capital oculto» en negocios con apariencia legal.

El juez también le sitúa al «mando» de la compra en 2013 por 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao, según se ha acreditado en «declaraciones judiciales muy esclarecedoras obtenidas en Colombia».

Esta otra compra también está siendo investigada por el juez y resultó ruinosa para el Canal al perder Emissao en dos años su valor.