Numerosos medios de comunicación internacionales se han desplazado hasta el lugar, un enorme edificio que puede verse desde distintos puntos de la ciudad y que alberga la Cámara del Consejo, tribunal de primera instancia, donde declararán los acusados.
La vista tendrá lugar a puerta cerrada en una sala de dicho edificio, y las medidas de seguridad aplicadas por la Policía, que ha establecido un amplio perímetro de acceso al tribunal, impide ver la entrada de la sala.
Puigdemont y los exconsejeros accedieron al tribunal en automóvil y penetraron en el parking del edificio, desde donde se dirigieron a la sala donde se celebrará la vista, en la que también están presentes los abogados de los acusados y un intérprete, pues la instrucción se desarrolla en neerlandés.
Los acusados, que se encuentran en la misma sala, declararán uno a uno y en compañía de sus abogados y no de forma conjunta.
Poco antes de la vista, un portavoz de la Fiscalía ha indicado que una vez que el juez decida sobre las euroórdenes deberá entregar su decisión en mano a los interesados, que tendrán que firmarlas, y a partir de ahí, Puigdemont y los exconsejeros tendrán 24 horas para recurrir, si así lo estiman oportuno.
La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).
Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
Tras la vista, cuya duración es incierta, el juez podría tomar la decisión sobre las euroórdenes hoy mismo, aunque lo más probable es que la adopte más adelante, dentro del plazo de 15 días del que dispone para ello.
La Fiscalía de Bruselas podría solicitar a España información adicional si considera que las euroórdenes están incompletas.
En ese sentido, el Ministerio Público belga ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que reclama a los acusados, Carmen Lamela, información sobre el sistema penitenciario y judicial español.
Instituciones Penitenciarias envió este jueves un documento de 15 páginas con fotografías de las celdas y respuestas detalladas a las 14 preguntas de la Fiscalía belga.
España no estará presente en todo el proceso como acusación particular y sólo hay dos partes, los acusados y la Fiscalía belga, aunque el Ministerio Público belga está en contacto con la Fiscalía española.
El entorno del expresidente catalán en Bélgica ha indicado que ni Puigdemont ni los exconsejeros autonómicos harán declaraciones a la prensa ni antes ni después de la vista, pero sí comparecerán ante los medios de comunicación sus abogados.
Estos han hecho saber que basarán su defensa en el argumento de que los cinco acusados se someterían en España a un juicio político, no penal, y pondrán en duda que los delitos que se les atribuyen entren dentro de las 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro.
La Fiscalía también dará cuenta de la sesión a través de sus portavoces, según ha informado el Ministerio Público.
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