La juez Carmen Lamela ha ordenado una serie de diligencias para averiguar «quien ordenó y cómo se gestó la actuación de vigilancia a políticos relacionados con la preparación del referéndum» del 1-O y ha llamado a declarar como testigo el 14 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
En un auto, la magistrada de la Audiencia Nacional acepta la práctica de una serie de diligencias propuestas por los investigados en este procedimiento Josep Lluis Trapero, ex mayor de los Mossos, y la intendente Teresa Laplana, y rechaza otras por considerarlas «innecesarias en este momento».
Así, acuerda librar un oficio a los Mossos d'Esquadra para que le remitan «el Plan Operativo, denominado dispositivo Agora» y el «acta de creación de la Comisión TIC para la seguridad y protección de los miembros del gobierno, autoridades de otras instituciones y otras personalidades».
Reclama también al cuerpo de seguridad autonómico un informe acerca de si esta comisión «recibió, en septiembre y octubre de 2017, encargo de aplicar las medidas de seguridad antes mencionadas a determinadas personas, con indicación del nombre y cargo de las mismas, de cuáles fueron incluidas en el dispositivo Agora y cuáles no».
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