El exconseller de Presidència de la Generalitat y candidato a presidir el Gobierno catalán, Jordi Turull, tuvo un papel «extraordinariamente relevante» en el diseño del 'procés' para lograr la independencia de esta comunidad autónoma, según un informe de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo.
En este documento, el instituto armado le sitúa en el 'Comité estratégico' que organizó todo el entramado para lograr la independencia y le atribuye la participación en al menos seis reuniones, según se desprende de la Moleskine intervenida a Josep María Jové, conocida como la 'agenda del procés'.
La Guardia Civil también considera probado un gasto de al menos 701.511 euros para el referéndum ilegal del pasado uno de octubre a través de la Consejería que dirigía el ahora candidato a presidir la Generalitat.
Esta cantidad procede de los 198.871 euros que habría asumido la Consejería de Presidencia de la factura total de Unipost, por el gasto que supuso el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones a los componentes de las mesas electorales. El coste total de esos conceptos fue de 979.661 euros, pero el pago se repartió entre 5 consejerías.
Pidió 3,43 millones a Junqueras para el 1-O
A esa cantidad que asumió el Departamento de Turull se suman los 502.639 euros por gastos del diseño e inserción de publicidad anunciando la celebración del referéndum y el registro de catalanes en el exterior.Aunque la petición que realizó a Oriol Junqueras fue de 3,43 millones de euros para promover la realización del referéndum. A lo que habría que añadir la adquisición de dominios en internet relacionados con el Pacto Nacional por el Referéndum.
Entre las pruebas que aportan al juez Pablo Llarena, que investiga el 'procés', los investigadores consideran que la página web del referéndum «se gestionó también en parte desde Presidencia». A este respecto, exponen que el director general de Atención y Difusión de este Departamento, Jordi Graells, «se negó a recepcionar el mandamiento del TSJC en el que se le ordenaba bloquear la página web /nivel/referendum2017».
Graells alegó que no podía contactar con su superior Antoni Molons -detenido y puesto en libertad con cargos la semana pasada por orden del Juzgado 13 de Barcelona- ni con Carles Corcoll, responsables de aquella dirección en el CTTI.
En el informe también se deja constancia de que Jordi Turull participó como miembro del Govern en la formalización del decreto de convocatoria del referéndum del 1-O y tras el acuerdo del Govern por el que éste se encargaría de la ejecución del referéndum. «Asumió la responsabilidad solidaria de las decisiones colectivas y colegiadas que se adoptasen para aquel fin», según los investigadores, quienes añaden que «de hecho, el acuerdo fue aprobado a propuesta» de Junqueras, Romeva y del propio Turull.
Las seis reuniones que le implican
Para la Guardia Civil, a pesar de que Turull no accedió al cargo de consejero de Presidencia hasta julio de 2017 -hasta ese momento tenía el cargo de presidente del gurpo JxSi en el Parlamento catalán-, era una persona «tremendamente cercana al procés» y de mucha importancia de CDC.
Así lo deducen de su participación en las seis reuniones que aparecen reflejadas en la llamada 'agenda del procés'. El informe al que ha tenido acceso Europa Press las cita todas y resume su contenido. La primera es del 7 de enero de 2016 y se enmarca en la negociación para elegir al presidente de la Generalitat. En ella, Turull acusó a la CUP de estar «vetando» a Artur Mas cuando su partido no les decía a ellos quién tenía que liderar la CUP. En este encuentro también estuvieron ANC, Omnium y la Asociación de Municipios por la Independencia.
El segundo encuentro está fechado el 8 de enero de 2016, en la sede de ANC primero, donde dijo que no quería discutir sobre las diferencias con la CUP acerca de Artur Mas y en una segunda parte, en el Hotel Balmes, en la que pidió a la CUP una propuesta clara alegando que el objetivo era «obtener la mayoría operativa necesaria para ejecutar la hoja de ruta con disciplina».
El tercer encuentro, de 23 de febrero de 2016, fue con Puigdemont, Neus Munté, Joan Vidal, Raul Romeva, Artur Mas, Jové, Marta Rovira y Oriol Junqueras. Trataron los pasos a seguir y las fases y secuencias del procés: leyes (de transitoriedad jurídica y proceso constituyente), declaración de independencia, elecciones constituyentes, referéndum constituyente y en qué momento hacer la desconexión.
El 30 de junio de 2016 tuvo lugar el cuarto encuentro en el que participa Turull se habló sobre RI/RUI (referéndum de independencia o el referéndum unilateral de independencia) con Puigdemont, Artur Mas, Junqueras, Rovira y Romeva y concluyeron que aplicarían la vía unilateral. Deliberaron sobre hacer el referéndum antes de las elecciones constituyentes, la ley de transitoriedad y el calendario y valoraron celebrar el referéndum en octubre.
La quinta vez que Turull participó en uno de estos encuentros fue el 31 de agosto de 2016 en Canonges, la residencia oficial del presidente catalán, con la presencia de Puigdemont, Munté, Joan Vidal, Romeva, Mundó, Artur Mas y Rovira. El ahora candidato expresó su temor por que se desestabilizase el Parlament y alegó que no podían generar inseguridad y que si cesaban los letrados, que se lo estaban planteando, la generarían.
La última reunión que aparece en esa agenda se produjo el 22 de septiembre del 16 en Canonges, junto a Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Joan Vidal, Munté, Pascal, Rovira y Mas.
Intervenciones telefónicas y declaraciones públicas
Los investigadores también han facilitado al Tribunal Supremo las intervenciones telefónicas en las que aparece implicado directa o indirectamente Turull y que le sitúan como la persona que toma decisiones en asuntos como la publicación del decreto de convocatoria del referéndum ilegal o de las que deben tomar sus subordinados sobre modificaciones en la página web del referéndum.
En cuanto a las declaraciones públicas, la Guardia Civil cita algunas de ellas, entre las que destacan los ataques al Gobierno por gastar dinero en fletar barcos para los policías que se trasladaron a Cataluña con el fin de evitar el 1-O o en las que afirmaba que los trabajadores, fuesen o no funcionarios, participarían en el referéndum «de manera voluntaria».
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