El magistrado Pablo Llarena, que investiga el caso sobre el «procés» en el Supremo, citó el pasado 23 de marzo a diversos líderes independentistas, entre ellos a Marta Rovira, a quienes procesó y a quienes terminaría enviando a prisión preventiva ese mismo día. Rovira no se presentó, es decir, se fugó de la acción de la Justicia.
Ante esta circunstancia, la letrada de la Administración de Justicia en el Supremo ha dirigido un escrito a la asociación Asamblea Nacional Catalana (ANC), que avaló la fianza.
En él le reclama que presente a Rovira antes de diez días hábiles y le informa de que, en caso contrario, el Estado se quedará con el dinero. Entre tanto, las fianzas depositadas por los otros imputados, los que entraron en prisión el pasado día 23, han sido devueltas a sus fiadores.
En su escrito dirigido al avalista de Rovira, el tesorero de ANC Marcel Padrós, el Supremo recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 534 que «si al primer llamamiento judicial no compareciere el acusado o no justificare la imposibilidad de hacerlo, el secretario judicial señalará al fiador personal o al dueño de los bienes de cualquier clase dados en fianza el término de diez días para que presente al rebelde».
El siguiente artículo de la misma ley señala que «si el fiador personal o dueño de los bienes no presentare al rebelde en el término fijado se procederá a hacer efectiva la fianza, declarándose adjudicada al Estado».
7 comentarios
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Jahajaja y lo bueno que acabará cayendo también y con 60.000 euros menos.
a esta persona nadie la obliga a huir,lo hace por voluntad propia para no asumir las responsabilidades de sus ilegalidades,a esta señora no la persigue el estado español,lo hace la justicia por haber cometido algunos delitos. ademas de hacer unas declaraciones miserables sobre una intervención armada con muertos por parte de estado.un bulo del independentismo para incendiar la calle.
Lastima no haberle puesto un millon.
A cap mare l'hi agrada haver de fugir amb la seva filla a un país extrenger per evitar l'abús injust de la justicia polititzada d'espanya. Es un preu molt alt el que cal pagar per a mantenir la dignitat i la coherencia política que no tenen els justiciers de dretes que representen l'estat espanyol..
Lo más probable es que estos 60.000 euros se hayan sustraído de alguna partida de la Generalidad, es decir, que procedan de nuestros impuestos y que hayan sido robados por esta banda de delincuentes comunes.
Qué más le da a la prófuga Rovira si el dinero lo han aportado los paletos aborregados de Tractoria!?!?
Yo quiero mi parte!