Junqueras, al juez Llarena: «No se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso»

Junqueras ha sido el primero en comparecer, durante unos 40 minutos, ante el magistrado del Supremo, que lo había citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
Únicamente ha contestado a preguntas de su abogado defensor, para insistir en que todo fue «pacífico», rechazando responder al resto de abogados, a la Fiscalía y a la acusación popular representada por Vox.

«Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia», ha añadido, para reiterar que no considera que sea delito la convocatoria de un referéndum, según las mismas fuentes.

Seguidamente, Llarena ha comenzado a realizar el mismo trámite con el que fuera candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, al que seguirá el líder de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aunque únicamente respecto de la rebelión, ya que no les acusa de malversación.

Los tres han sido trasladados desde prisión, donde cumplen prisión preventiva, Junqueras desde Estremera y Sànchez y Cuixart desde el centro de Soto del Real, ambos en Madrid.

Mientras son trasladados de uno en uno ante Llarena esperan en los calabozos de la cercana Audiencia Nacional, ya que el Tribunal Supremo carece de ellos.

Indicios de violencia

Según el auto de procesamiento, Junqueras, junto con el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller de Interior Joaquim Forn, fue advertido días antes de la celebración del referéndum ilegal por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos si se producía la consulta.

El juez considera que estas tres personas también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.

La movilización de cientos de miles de seguidores y el impulso de una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el 1-O es lo que se atribuye a Sànchez y Cuixart, quienes, según el relato de los hechos del juez, se valieron para ello de su condición de presidentes de las entidades soberanistas.