El Gobierno aprueba la norma que recupera la sanidad universal

«Una sociedad justa no deja a nadie atrás», ha subrayado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha insistido en que desde hoy «en España se recupera la universalidad en el derecho a la salud».

Y lo hace, según ha comentado, «gracias a una norma que viene a armonizar y a dar cohesión al sistema nacional de salud, que genera igualdad y equidad en el acceso y que da seguridad jurídica a las personas, a los profesionales y a las administraciones públicas».
Montón ya transmitió hace seis semanas al Gabinete su intención de abrir un proceso dialogado para la recuperación del derecho a la salud para todas las personas «y hoy esto se cumple», ha afirmado.

Así lo ha recordado también la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien ha subrayado que con esta normativa, el Gobierno cumple uno de sus principales compromisos, que es devolver a los ciudadanos los derechos que ha arrebatado la crisis, como los sanitarios.

La ministra de Sanidad ha recalcado que la norma garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de tal forma que la titularidad del derecho a la asistencia se basa en la condición de ciudadanía y, por tanto, se desliga de la condición de asegurado.

Montón ha mostrado su satisfacción porque la sanidad pública se fortalezca hoy «recuperando su carácter universal», lo que implica alcanzar la meta marcada por el exministro Ernest Lluch en 1986 con la Ley General de Sanidad, que sentó las bases de uno de los pilares del Estado de Bienestar.

La norma aprobada hoy define a los titulares del derecho a la atención sanitaria, como lo son las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España.

También aquellas que, no teniendo su residencia habitual en España, tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en el país «por cualquier otro titulo jurídico», como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores desplazados y los transfronterizos.

Además, son titulares del derecho a la salud los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España en las mismas condiciones de atención que las personas con nacionalidad española.

Para estos últimos se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.

En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.

La ministra ha resaltado que la universalidad no supone un sobrecoste para el SNS, sino que favorece su sostenibilidad, ya que la asistencia «normalizada» en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o ser hospitalizaos, lo que implica mayor gasto sanitario.
Así, según Montón, la «exclusión sanitaria» de la reforma del PP ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron excluidas.

Además, la fragmentación del derecho a la asistencia sanitaria ha producido situaciones de inequidad y de desigualdad, que todas las comunidades autónomas han ido solucionando asumiendo la prestación de manera desigual y sin seguridad jurídica, ha asegurado.
Por esta razón, la ministra ha asegurado que todas las comunidades autónomas van a dar una respuesta conjunta porque así lo demandaban la sociedad y ellas mismas que según ha dicho, cree que tienen la misma preocupación que el Gobierno, que es mejorar la salud individual y colectiva.

Montón ha recordado que con el real decreto el Gobierno está atendiendo a las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, así como de sociedades científicas y organizaciones sociales que han censurado la exclusión sanitaria y sus perjuicios.

Para la ministra, «lo esencial» de esta norma y lo que implicaba su urgencia es la mejora en la salud individual de las personas que han quedado fuera del sistema y también la de la salud colectiva.