Martín Nájera ha hecho estas declaraciones después de que ayer un padre asesinara a sus dos hijas de 3 y 6 años y después se suicidara. Estaba pendiente de juicio y sobre él existían denuncias por amenazas a su expareja pero la diligencia policial de valoración de riesgo de la víctima arrojó un resultado bajo.
«Quiero hacer hincapié en que las medidas, las denuncias y los procedimientos que ponen en marcha los juzgados normalmente disuaden a un gran número de agresores de seguir en esta violencia pero hay otros casos en que es muy difícil y no lo hacen», ha subrayado.
Para ello, ha señalado la fiscal de sala, hace falta el asesoramiento de esas unidades de valoración formadas por psicólogos, peritos y trabajadores sociales que «sepan leer entre líneas y ver realmente cuál es el riesgo y la peligrosidad que existe».
Martín Nájera ha advertido de que el problema radica en que las órdenes de protección se tienen que adoptar en 72 horas y al no existir esas unidades de valoración forense que tengan el mismo horario que el juzgado de guardia o el de violencia sobre la mujer, «no se pueden adoptar las medidas teniendo en cuenta ese informe porque no da tiempo a hacerlo».
«Si estuviese el médico forense, el psicólogo, el trabajador social en el juzgado de guardia podría hacer un informe preliminar que ayudase a adoptar la medida de protección adecuada, que en definitiva es lo que queremos y por lo que la Fiscalía está luchando continuamente para proteger a la víctimas y a sus hijos menores», ha aseverado.
Además, es necesario modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dispensa a los parientes de declarar contra el agresor, ha precisado la fiscal, que ha considerado que esta concesión genera un efecto «absolutamente devastador en la prueba» porque sólo se pueden tener en cuenta las declaraciones que la víctima haya hecho durante el procedimiento.
«Esto produce también muchos sobreseimientos porque son delitos que se cometen en la intimidad y si la víctima no declara no vale nada de lo que se ha hecho anteriormente», ha lamentado Martín Nájera.
Por ello, ha recalcado, desde el Ministerio Público y el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial se reclama que en casos de «violencia intrafamiliar» esta dispensa se limite o «por lo menos» se puedan tener en cuenta las declaraciones prestadas anteriormente.
Respecto al programa VioGén, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género del Ministerio del Interior, Martín Nájera ha incidido en que es un sistema que valora el riesgo teniendo en cuenta básicamente la declaración de la víctima y que sirve para que la Policía adopte las medidas de protección hasta que la víctima acude al órgano judicial y éste adopta otras medidas.
«Luego sí que sirve para su objetivo, que es muy concreto y específico», ha dicho.
Martín Nájera ha añadido que casos como el de ayer en Castellón producen «gran preocupación y desolación» a la Fiscalía y ha transmitido su apoyo a todas las víctimas y a la sociedad, que «se siente un poco concernida en este tema», ha concluido.
1 comentario
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¿ Y para ver el riesgo real de la violencia feminista no hay medios? , por que aunque no hacen estadísticas, hay mujeres que han matado a sus hijos y a sus parejas ( hombres ). Mis condolencias y pésame para los familiares de las últimas victimas a manos de sus parejas y en el caso de los crios, a manos de su padre. Descansen en paz.