Puigdemont y Torra activarán el Consell de la República el 30 de octubre sin la CUP

El pistoletazo de salida para este ente, previsto en el acuerdo de legislatura que sellaron JxCat y ERC y pensado para contribuir a la «interlacionalización» de la causa independentista, tendrá lugar el martes de la semana que viene en el Palau de la Generalitat.

Así lo han anunciado desde Waterloo (Bélgica) Torra, Puigdemont y el exconseller Antoni Comín, quien, como el expresident mantiene su residencia belga para esquivar la acción de la Justicia española por la causa del 1-O, será la cara visible de ERC en este Consejo.

Los tres han protagonizado la reunión celebrada esta mañana en un hotel de Waterloo, en la que han participado representantes de las fuerzas independentistas -entre ellos, el portavoz de JxCat, Albert Batet; la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras; y el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià-, salvo la CUP, y que ha servido para concretar los detalles de la constitución formal de este organismo, cuyas funciones se conocerán el día 30.

Puigdemont, para quien se ideó la presidencia de este Consejo por la República, ha dicho que este órgano «ya está a punto».

«Es uno de los instrumentos imprescindibles para desplegar la estrategia de las fuerzas políticas partidarias de la república», ha señalado por su parte Comín, que ha añadido que «no habría un equilibrio si la legislatura caminase solo sobre las instituciones de la Generalitat, el Parlament y la movilización civil y social».

Comín ha considerado que «hace falta este instrumento», en el que ha trabajado «durante los últimos meses» con Puigdemont en Bruselas «intensamente» para «interpretar adecuadamente lo que estaba escrito negro sobre blanco en el acuerdo de investidura».
Sin embargo, el jefe de filas de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ya ha marcado distancias con el Consejo por la República, con el argumento de que «llevamos años viviendo sólo de símbolos y no de hechos», lo que conlleva una «gran frustración» en la población.

En la misma línea se ha expresado la diputada de la CUP en el Parlament Natàlia Sànchez, que ha señalado que, si Puigdemont y Torra querían convocar una cumbre con partidos y entidades soberanistas en Waterloo «para compartir estrategias», tenían que hacerlo «desde la discreción» y sin «mezclarla con la presentación del Consejo por la República», del que la CUP «no sabe nada» y además «no participa».

No obstante, Poble Lliure, una de las organizaciones que integran la CUP, ha utilizado otro tono más benevolente desde su cuenta en Twitter: «Damos la bienvenida al Consejo por la República anunciado por los presidentes Torra y Puigdemont».

«Atentos a que esta propuesta nos haga avanzar hacia la construcción de la república catalana y no se quede, sólo, en una cuestión retórica», ha añadido.

Desde Waterloo, Torra ha dicho que «espera» que de aquí al 30 de octubre pueda «convencer» a la CUP para que participe en este nuevo ente, que formalmente no debe tener vinculación orgánica con el Govern, aunque su acto de presentación tendrá lugar precisamente en el Palau de la Generalitat.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado que «la CUP abandone el barco de la mayoría independentista» en el Parlament y ha indicado que su partido trabajará para restablecer este apoyo.

En paralelo, mañana Torra presentará el nuevo consejo asesor que impulsará el denominado Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente, un espacio de debate ciudadano desde el que el Govern pretende elaborar las bases para una futura Constitución catalana y para el que, según avanzó el diario «Ara», ha fichado al cantautor y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach.

Por otro lado, desde Madrid, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por permitir que sea el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que parece el «secretario y el emisario de Torra y Puigdemont», quien lleve la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha dicho a los independentistas que, «si no saben o no quieren gobernar Cataluña, que dejen gobernar al Gobierno de España», ya que, a su juicio, «no se pueden mezclar» actuaciones judiciales con decisiones políticas como la de los presupuestos.