En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Delgado ha subrayado que la Abogacía del Estado ha actuado bajo criterios de «profesionalidad» basándose en «parámetros técnicos y jurídicos» y, por tanto, ha insistido, «no es una cuestión de gestos».
A la pregunta de si esta decisión podría afectar al apoyo de los independentistas a los presupuestos generales, Delgado se ha limitado a decir: «Sirva o no sirva, no tengo ni idea».
La ministra se ha referido al escrito de conclusiones provisionales presentado hoy por la Abogacía del Estado y ha subrayado que los hechos se circunscriben a los actos preparatorios «al pretendido referéndum del 1 de octubre».
La titular de Justicia ha explicado que en el escrito de conclusiones provisionales se establecen tres órdenes de autoría: los miembros del entonces Govern de la Generalitat, los que formaban parte de la mesa del Parlament y la sociedad civil que tuvo una acción protagonista.
En función de esa participación, Delgado ha subrayado que la Abogacía ha calificado los hechos como «posible delito de sedición y delito de malversación de caudales públicos, en lo que se denomina concurso medial, es decir, que la malversación es un delito medio para alcanzar el de sedición».
Y además, ha informado de que hay un tercer delito de «desobediencia grave a resoluciones judiciales, que tiene una pena muy inferior a la sedición».
Aquí, ha dicho, se encuentra la «horquilla» establecida por la Abogacía del Estado, «desde los 12 años que se interesan para el exvicrepresidente Oriol Junqueras a la multa para los que se consideran posibles autores de un delito continuado de desobediencia grave».
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