Así lo ha comunicado el cantante de Jarabe de Palo en un comunicado -el segundo- emitido tras esta denuncia que SGAE interpuso la semana pasada contra algunos de sus socios, la mayoría personas jurídicas (editoriales musicales), entre los que también están Alejandro Sanz y Joaquín Sabina.
El Mundo, medio que tuvo acceso a la denuncia, aseguró en su información que los músicos se habrían ahorrado 70 millones de euros en el pago de impuestos al cobrar derechos de autor no como personas físicas sino a través de sociedades «sin personalidad jurídica propia», controladas en realidad por las multinacionales que editaban sus obras, «con Warner a la cabeza».
Donés ha explicado que las sociedades pantalla u opacas «suelen residir y relacionarse con paraísos fiscales» pero en el caso español las sociedades y sus «cesionarias» tienen un esquema «totalmente transparente, con nombres y apellidos, todo registrado convenientemente y perfectamente conocido y consensuado con SGAE».
«El actual presidente de SGAE -añade- tuvo una cesionaria durante muchos años (Busindre), y por lo tanto conocía perfectamente la operativa porque formó parte de ella (...) La cesionaria es una práctica instaurada por SGAE para sus socios desde hace por lo menos 20 años», expresa.
Donés indica que además de Hevia, Teo Cardalda, Tontxu Ipiña, José Miguel Carmona, Fernando Illán o Inma Serrano «conocían bien en que consistían dichas cesionarias».
«Todos ellos son miembros el consejo de dirección y también del entramado de La Rueda», señala Donés en referencia al presunto fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros.
«La sombra de la rueda aparece otra vez -agrega- aunque no es de extrañar. Si hablamos de cifras, José Ángel Hevia se metió en el bolsillo entre 2010 y 2018 1.842.857 millones de euros jugando a la rueda de la mano de la editorial musical del grupo A3 Media (Música Aparte). Aunque de eso sabe mucho el juez Moreno, que llegó a intervenir y bloquear las cuentas de nuestro actual presidente, básicamente por choricear la sociedad que ahora preside».
A este respecto, Hevia ha admitido en declaraciones a Efe que tuvo una «cesionaria» que gestionaba algunos de sus derechos de autor, que la cerró hace unos años y que dicha sociedad quedó excluida de la investigación judicial por supuestas irregularidades en la emisión de música nocturna en televisión.
«La cesionaria es una figura legal y hay decenas de socios, incluidos miembros de la actual Junta Directiva pertenecientes a varios colegios profesionales, que hacen uso de ella, conforme a la legalidad», ha señalado Hevia.
El presidente de la SGAE lamenta el perjuicio causado a socios de la entidad por informaciones periodísticas sobre una investigación en curso que «nunca debería haber trascendido», dice, y explica que al tomar posesión tuvo conocimiento de «posibles irregularidades» gracias a un informe de la anterior presidencia.
«Una vez conocido su contenido, planteé al Consejo de Dirección la necesidad de poner esos hechos en conocimiento de las autoridades, para que fueran éstas las que se pronunciaran. Ha sido una decisión muy difícil de tomar en lo personal, pero necesaria por un obligado ejercicio de responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad», subraya.
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