El PP propone penas de cárcel para los okupas y desalojos en 24 horas

La propuesta, que Casado ha explicado junto al alcaldable del PPC en Badalona, Xavier García Albiol, se incluye en una proposición de ley que implicaría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que ampliaría la realizada el año pasado para el desahucio exprés.

En su visita a Badalona, Casado ha estado acompañado también por el líder del PP Catalán, Alejandro Fernández; la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, y la secretaria primera de la Mesa del Congreso, Alícia Sánchez-Camacho.

Precisamente, el acto, en el barrio de Llefià, uno de los más humildes de la ciudad, ha coincidido con una protesta a pocos metros de una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC), así como con otro grupo de personas que han lanzado cánticos como «somos okupas, no delincuentes» o han hecho una pequeña cacerolada.

La propuesta popular, ha explicado Casado, pretende que la «usurpación de un bien» como la vivienda pase a ser considerado delito, con penas previstas de prisión de 1 a 3 años. También que los inmuebles ocupados no tengan condición de domicilio, para que no se puedan empadronar en esas viviendas quienes no estén autorizados por los propietarios; o que personas jurídicas también puedan hacer este tipo de acciones, ante la «estimación de que un 25 % de vivienda de bancos o inmobiliarias están ocupadas».

En cuarto lugar, propone que las comunidades de propietarios también se puedan personar y tomar medidas como tapiar la puerta del inmueble ocupado; y, por último, con esta modificación «en menos de 24 horas y a partir de 12 horas las fuerzas del orden podrán, con autorización pertinente, echar a los ocupas», ha relatado, para «agilizar» el proceso.

Para Casado, con esta medida se podrá garantizar la propiedad privada, la seguridad y tranquilidad del vecindario y recuperar el mercado del alquiler.

En todo caso, ha matizado que «aquellas personas que, después de haber alquilado, tengan un problema económico, por cuestiones sociales o pérdida de empleo, no van a ser consideradas okupas». Y ha incidido que «cuando el artículo 18 de la Constitución habla de intimidad domiciliaria, no es para los okupas, sino para quien está alquilado legalmente. No podemos considerar que los okupas tengan la intimidad, protección y barreras para acceder a la vivienda que plantea la Constitución».

Casado ha defendido que se trata de un mecanismo «legal, eficaz, social y muy pegado a la seguridad ciudadana» y ha argumentado que se presenta esta reforma en Badalona porque en grandes ciudades como ésta «hay miles de viviendas okupadas».

Pero también porque la tercera ciudad de Cataluña fue escenario de la muerte de tres personas el pasado 5 de enero por un incendio originado por una sobrecarga eléctrica en un piso que tenía la luz pinchada, ha recordado.

Casado ha cargado contra los ayuntamientos que «toleran» estas situaciones, apuntando a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la de Madrid, Manuela Carmena, y el resto de los «mal llamados alcaldes del cambio», que a su juicio «están permitiendo la okupación con la misma impunidad que permiten manteros, agresiones ciudadanas, quema de vehículos o impiden que la policía actúe».