En una rueda de prensa en plena dársena del puerto de Valencia, con el canal de entrada a sus espaldas para defender las inversiones hechas durante su mandato para ese circuito urbano, Camps ha detallado que presentará esa querella por prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia y un recurso contra el auto de su procesamiento del Juzgado número 17, conocido el pasado viernes.
El expresident ha señalado que sus derechos se han visto vulnerados con esta instrucción y ha insistido en el «coste cero» del circuito para las arcas públicas, al argumentar que se trataba de mejoras para infraestructuras de la ciudad y que han de ser los urbanizadores del PAI del Grao quienes se hagan cargo del coste «no de un circuito, sino de calles de la ciudad de Valencia».
«El auto es un relato contra Camps, imputa a gente cercana para llegar a mí, pero tengo tranquilidad de espíritu, alma y conciencia», ha apuntado el expresident, quien incluso ha acusado a la instructora de «amedrentar» a su abogado, Pablo Delgado, a quien ha animado a presentar una queja ante el Colegio de Abogados.
También ha admitido que volvería a hacer lo que hizo por Valencia siendo president en el caso de la organización de los grandes premios de Fórmula Uno que tuvieron lugar entre 2008 y 2012, y que también vería positivo el regreso de la Copa del América de Vela.
La jueza ha incoado procedimiento abreviado contra Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores al entender que hay indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra el expresident como autor de los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho y/o tráfico de influencias.
Camps ha repartido a los periodistas varios extractos de documentos que obran en la causa y que, según ha asegurado, la jueza no ha tenido en cuenta en su instrucción, entre ellos escritos que avalan que el Ente Gestor de Transportes y puertos (GTP) era el órgano contratante apropiado para las citadas infraestructuras, y también un informe de la Intervención de la Generalitat del pasado mes de abril que indica que no hubo perjuicio económico directo para la Generalitat en dichas contrataciones.
Asimismo, ha insistido en que los cinco grandes premios reportaron un impacto económico de unos 40 millones de euros y ha subrayado que «actualmente nadie protesta por el hecho de que el Ayuntamiento de Ada Colau aporte seis millones de euros anuales para la Fórmula Uno de Montmeló, desde donde ni siquiera se ve Barcelona; ni tampoco nadie se queja por un circuito, el de Alcañiz, que ha costado lo mismo que el circuito urbano de Valecia y el de Cheste juntos».
Preguntado por la confesión del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, sobre supuestas donaciones monetarias al partido por parte de directivos de las empresas adjudicatarias de las obras del circuito, Camps se ha limitado a apuntar que se trata de «un pacto con la Fiscalía», y ha puesto en duda este testimonio, que considera incoherente.
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