Los argumentos del Gobierno se refieren a «posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades», ha dicho Borrell durante una rueda de prensa con motivo de una reunión con su homólogo libanés, Gebran Basil.
Las quejas españolas se han comunicado por teléfono, por notas verbales -el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos- y ahora también en una carta del ministro a Bachelet. De hecho, Borrell ha dicho que, por cortesía, no quería detallar esas quejas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero ha dejado claro que «hay circunstancias que deben ser corregidas».
Eso sí, ha avanzado que una de ellas se refiere a la forma en la que se ha producido la «filtración» del informe: a su modo de ver, «no debería haber trascendido sino canalizado por los medios adecuados» y eso indica «cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública».
Es más, cree que, «probablemente», esta opinión del grupo de trabajo se ha dado a conocer «para ocultar la importancia y tender una cortina de humo» sobre otra decisión que, según ha destacado, sí tiene «una importancia extraordinaria».
Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament del 7 de octubre de 2017, en el que entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, iba a valorar las consecuencias del referéndum declarado ilegal del 1-O.
Sobre esta sentencia, ha destacado que estaba «extraordinariamente bien argumentada» y que «justificaba plenamente» la actuación del Constitucional. «Distingan por favor, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos y una opinión de un grupo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU», ha remachado.
Por su parte, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, sí ha sido algo más precisa sobre las quejas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Celaá ha alegado que los redactores del trabajo «parecen desconocer el delito» por el que los políticos catalanes están siendo procesados, «desconocen aparentemente la separación de poderes» y que su situación está en manos del Poder Judicial.
Entiende también el Gobierno que el documento supone además una «interferencia clara» en el trabajo judicial, porque llega «justo antes» de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia.
Además, en una de las notas verbales presentados por el embajador español ante los organismos de la ONU en Ginebra, protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.
En cuanto a los miembros que han despertado las sospechas del Gobierno, ha detallado que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo han tenido «estrechas relaciones» con Ben Emmerson, el abogado que ha presentado la queja y que fue relator especial de la ONU.
El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson «hubiera exigido su abstención», según el Gobierno. Los relatores son uno de los llamados «procedimientos especiales» de la ONU para derechos humanos, como también lo son los grupos de trabajo.
En su comparecencia, Borrell ha querido subrayar que el Gobierno español apoya estos procedimientos especiales de la ONU «de forma totalmente leal» y ha añadido que, por eso mismo, considera especialmente importante «que se doten de mecanismos de financiación transparentes y claros, que incluyan un sistema de rendición de cuentas y control» que garantice que no pueden ser objeto de manipulación. Para ello, ha dicho, España está dispuesta a contribuir.
El titular de Exteriores ha dejado claro que no estaba hablando de la financiación de este grupo en concreto, sino del funcionamiento, con carácter general, de todos estos procedimientos especiales. De hecho, España también quiere transparencia y control de calidad en los casos en que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publica informes u opiniones que hacen ONG que colaboran con ella.
Según ha dicho, en su lista hay más de 4.000 ONG y éstas emiten informes que «sin más control de calidad ni más trámites ni más advertencias se publican en la página web». Eso, ha proseguido, hizo que hace unos días «los medios independentistas anunciaron a bombo y platillo» que la ONU había emitido una condena a España por este asunto, cuando en realidad era «una ONG de Ceilán» (Sri Lanka) que había publicado una opinión en la web de la Oficina del Alto Comisionado».
«Eso no se puede presentar a la opinión publica como que las Naciones Unidas han condenado a España», ha dicho, sino que es la opinión de una ONG de un país lejano, con un «gran e inusitado interés por lo que pasa en España» que no sabe a qué se debe.
Con todo, preguntado si el Gobierno va a pedir a Bachelet que dé el informe por no emitido o a tomar alguna otra medida, ha respondido que el Ejecutivo tampoco quiere darle al informe más trascendencia de la que tiene, porque es «cocerles el fuego a los que quieren una cortina de humo para que no se hable del Tribunal de Estrasburgo».
Por su parte, la ministra Celaá, cuando se le ha preguntado por qué el Gobierno no sé movilizó antes para contrarrestar al grupo de expertos, ha respondido que «el Gobierno trabaja, se activa ante hechos, no ante posibilidades». Y que la opinión de este grupo el Gobierno la ha recibido ahora, no antes.
En todo caso, cuando el Gobierno conoció la denuncia de los tres encausados ante este organismo de la ONU, sí presentó alegaciones, 55 páginas elaboradas por la Abogacía del Estado. De hecho, una de las quejas del Ejecutivo es que esas alegaciones han quedado reducidas a dos páginas -e ignoradas por el grupo de trabajo- en el informe final.
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