Así lo ha manifestado el abogado Robin Rathmell a Europa Press, quien ha apuntado que las autoridades británicas aún no se ha puesto en contacto con la amiga del rey emérito Juan Carlos I, después de que la Fiscalía Anticorrupción se haya dirigido a la Serious Fraud Office (SFO), la oficina antifraude de Reino Unido, para tratar, por ahora sin éxito, de interrogarla en relación a la investigación sobre las presuntas comisiones irregulares de hasta 80 millones de euros.
«Nuestra clienta aún no ha sido contactada en relación con el acuerdo AVE, un acuerdo en el que no tuvo ninguna participación», afirma el letrado de la ex aristócrata, que subraya la disposición de ésta para «cooperar con las autoridades relevantes para que los hechos del asunto puedan ser plenamente ventilados ante los tribunales».
«Dada la amplia variedad de la conducta ilegal en su contra, ella da la bienvenida a la oportunidad de ser escuchada públicamente», concluye.
DILIGENCIAS SECRETAS
Según han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Anticorrupción se dirigió a este organismo británico hace varios meses si bien la gestión no ha dado aún ningún resultado. Las mismas fuentes señalan que no se informará oficialmente con más detalles sobre esta gestión al encontrarse estas diligencias secretas.
La causa no se encuentra judicializada --se encuentra en una fase anterior, de diligencias fiscales, que pueden concluir en archivo o en pase a disposición de lo investigado a un juez-- por lo que no cabe la remisión de una comisión rogatoria que es el sistema solicitado habitualmente entre autoridades judiciales para solicitar un interrogatorio de este tipo.
La investigación sobre las presuntas comisiones ilegales del AVE a la Meca fue abierta por Anticorrupción formalmente a finales del pasado año tras cerrarse en la Audiencia Nacional la pieza denominada 'Carol' del caso Tándem, que investigaba una conversación mantenida entre la empresaria y el comisario jubilado --ahora en prisión preventiva-- José Manuel Villarejo en 2015.
En dicho momento ya se informó que el rey emérito no podía ser investigado al gozar de inviolabilidad penal reconocida al Jefe del Estado, si bien se mantuvo la pieza abierta para investigar los contratos y la presunta responsabilidad de otras personas en estos hechos.
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