Según han informado fuentes fiscales, el ministerio público considera que la finalidad del acto «no es otra que generar un ambiente de presión y hostilidad» sobre la Guardia Civil unido a un «clima de terror» entre sus efectivos en Navarra y el País Vasco.
Así «hasta conseguir su aislamiento social y su expulsión» al considerar al instituto armado «como una fuerza de ocupación».
La Fiscalía, que recuerda que la expulsión de la Guardia Civil es una reivindicación histórica de ETA y que actualmente se sigue llevando a cabo «por cierto sector de la izquierda abertzale», estima que dichos «ataques públicos» conllevan «un envilecimiento y humillación contra las víctimas» de la organización, las que tienen la condición de guardia civil o sus propios familiares.
De esta forma, el ministerio público entiende que el acto organizado trata de «conseguir el objetivo táctico» de ETA consistente «en la expulsión» de las fuerzas de seguridad de dichas comunidades, es decir, la estrategia Alde Hemendik (Fuera de aquí).
Y añade que dicho evento «sirve de colofón anual a las numerosas iniciativas contra la Guardia Civil que, de modo continuo, se realizan en Alsasua», lo que genera «un clima social» contrario a su presencia y «fomentan un ambiente de presión, odio, acoso e incluso violencia» contra los agentes que conviven y trabajan en la localidad.
Por ello, considera la Fiscalía que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio y de otro enmarcado en los delitos de terrorismo -entre los que figura el enaltecimiento y la humillación a las víctimas-.
Pide al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional que prohíba el acto y que comunique al departamento de interior del Gobierno de Navarra la necesidad de adoptar las medidas para impedirlo, prevenir, en su caso, la comisión de los delitos e identificar y poner a disposición judicial a quienes puedan vulnerar la prohibición.
La Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL había solicitado esta medida a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, si bien ha sido finalmente la de la Audiencia Nacional quien ha dirigido la petición pues es este tribunal el competente en los delitos de terrorismo.
Alsasua fue escenario en octubre de 2016 de una agresión a dos guardias civiles y sus parejas, hechos por los que se juzgó a ocho jóvenes, que fueron condenados por la Audiencia Nacional a entre dos y trece años de cárcel, una condena que el Tribunal Supremo revisará en una vista el próximo 18 de septiembre.
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