El letrado explicó en declaraciones a la prensa en Bruselas que la Fiscalía belga aún no le ha confirmado que haya recibido la orden europea de detención emitida por el juez Pablo Llarena, un texto de 57 páginas en el que pide la entrega de Puigdemont a España por los delitos de sedición y malversación.
«Hablaremos con el fiscal y mi cliente, si es convocado a ir ante el juez, no se esconderá. Colaborará con la Justicia belga. Confía en la Justicia belga, esa es la razón por la que está en Bruselas», afirmó Bekaert.
El abogado, que no quiso anticipar cuando les comunicaría la Fiscalía la llegada de la euroorden, respondió a la prensa tras la comparecencia sin preguntas del expresidente de la Generalitat en la capital belga para reaccionar a la sentencia del Supremo que condena a prisión a los líderes del procés.
Cuando la euroorden llegue a la Fiscalía belga, ésta le encomendará el caso a un tribunal que deberá decidir si entrega a Puigdemont a las autoridades españolas.
Para ello es imprescindible que los delitos por los que se le persigue sean también acciones penadas por la legislación belga, lo que en términos jurídicos se conoce como doble incriminación, al tiempo que el juez debe valorar si hay peligro de vulneración de los derechos del detenido si se produce su entrega, explicó Bekaert.
El abogado no quiso pronunciarse sobre si existe doble incriminación, especialmente en el caso del delito de sedición, por tener que estudiar la cuestión.
La falta de doble incriminación ha sido una de las preocupaciones de la Justicia española sobre las posibilidades de que Bélgica no entregue a los políticos independentistas huidos en el país desde el inicio de los procedimientos judiciales.
Aún cuando el tribunal decida la entrega de Puigdemont, esta puede ser recurrida ante un tribunal de apelación y, si este le da la razón, también en casación. Esta corte puede después enviar el asunto a un nuevo tribunal, según Bekaert, con lo que el caso podría demorarse varios meses.
La emitida esta mañana es la tercera euroorden de la Justicia española contra Puigdemont. La primera emitida por la Audiencia Nacional a finales de 2017 fue anulada cuando el Tribunal Supremo pasó a hacerse cargo del caso.
La segunda llevó a la detención de Puigdemont en Alemania, donde el tribunal encargado del caso aceptó la entrega solo por malversación, lo que llevó al Supremo a retirar de nuevo el mandato ante su rechazo a juzgar al expresidente catalán solo por este delito.
En ambos casos se pedía la entrega de Puigdemont, además de por sedición y malversación, por un delito de rebelión.
Preguntado sobre si es más optimista sobre las posibilidades de su cliente que en las ocasiones anteriores, Bekaert afirmó que nunca es «optimista o pesimista» porque «en este tipo de casos nunca sabes cuál será el resultado».
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