En su querella, que también se dirige contra el sargento Lluís E., la Fiscalía acusa a Buch de los delitos de prevaricación y malversación, y cifra en 52.712 euros la cantidad presuntamente desviada por la remuneración que el agente recibió mientras ejerció de asesor, entre julio de 2018 y marzo de 2019.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha registrado la querella, que la Fiscalía presenta a raíz de una denuncia de varios diputados de Cs, y ha designado a la magistrada Mercedes Armas ponente de la misma, tras lo cual la sala civil y penal del alto tribunal decidirá si la admite a trámite.
En su querella, la Fiscalía considera que el nombramiento de Escolà como asesor de Buch respondía «única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección» a Carles Puigdemont, en busca y captura por haber eludido un llamamiento judicial, lo que en opinión del ministerio público es incompatible con los fines que la Constitución impone a la administración.
Para el ministerio público, el sargento querellado no tenía «la más mínima aptitud» para el desempeño de sus funciones y fue nombrado por la «arbitraria voluntad» de Buch, ya que no consta que efectuara «actividad de asesoramiento de ningún tipo», más allá de la entrega de varios estudios que la Fiscalía cree genéricos y hasta plagiados.
Según mantiene la querella, la designación de Lluís E. para el cargo de asesor de seguridad de Buch «respondía únicamente al propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a fondos públicos, un servicio de escolta permanente al procesado rebelde» Carles Puigdemont.
Concretamente, detalla Fiscalía, Lluís E., que ya formaba parte del servicio de escoltas de Puigdemont cuando era presidente de la Generalitat, le «auxilió» junto a otros agentes del cuerpo para facilitar su huida el 29 de octubre de 2017, dos días después de la DUI.
Con la consellería intervenida por el artículo 155, la División de Asuntos Internos (DAI) del Departamento de Interior abrió una investigación interna al sargento, expediente que concluyó el 20 de julio de 2018 con cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo y el traslado del agente del área de escoltas.
Ese mismo día, añade la querella, a propuesta de Buch se creó una plaza de asesor en el Departamento de Interior que se asignó a Lluís E., pese a su «absoluta idoneidad para desempeñar» ese cargo y teniendo en cuenta que, desde el 28 de octubre de 2017, el sargento se había limitado a «encadenar» permisos, licencias y situaciones de baja médica.
El querellado Lluís E. -que según la Fiscalía no tiene más que el bachillerato, un curso de escoltas y otro de uso de desfibriladores- elaboró en su cargo de asesor varios estudios que no son más que «una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar», desde el yihadismo a la vigilancia nocturna, trufados de «generalidades» y de entre dos y cuatro páginas, añade la querella.
Uno de los informes confeccionados, asimismo, resultó ser «una copia indisimulada de un trabajo que ya se había realizado previamente en el Departamento» y que, con un título similar, había sido publicado en el blog de actualidad de la consellería.
Durante la investigación, precisa la querella, se ha comprobado que mientras ejerció de asesor Lluís E. ejerció funciones de «protección, escolta y aseguramiento» de Carles Puigdemont en Bélgica, Escocia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.
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