De acuerdo con varios autos, la titular del juzgado, María Pilar Martínez, envía a juicio al Pequeño Nicolás, que volvió a saltar a los medios la semana pasada al ser detenido por protagonizar un altercado en un restaurante madrileño, por dos causas.
En una de ellas está acusado de presentarse en 2014 como «intermediario del Gobierno de España» ante un empresario a quien ofreció facilitarle la venta de un inmueble a cambio de 300.000 euros y le hizo creer que sus cuentas y las de su familia iban a ser embargadas.
Para hacer creíble que trabajaba para el Ejecutivo, señaló la Fiscalía, alquiló vehículos de alta gama, se hizo con «un lanza destellos tipo policial para colocarlos» en ellos y elaboró documentos oficiales con anagramas y otros logotipos de Presidencia del Gobierno o de la Casa Real.
Unos hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión por un delito continuado de estafa, usurpación de funciones públicas y falsedad en documento oficial.
En el otro juicio está acusado de obtener presuntamente datos de policías y del excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande a cambio de favores, con el objetivo de hacerse pasar por un alto cargo del Estado y ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero.
La Fiscalía pide para él 9 años y 9 meses de cárcel por delitos de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de descubrimiento y revelación y violación de secretos y cohecho activo.
Junto a él están acusadas otras cuatro personas: García Grande, para quien la Fiscalía pide una multa de 4.500 euros; dos policías municipales (8 años y medio) y un guardia civil entonces adscrito a la Casa Real (2 años y ocho meses). Así, este juzgado envía a juicio todos los asuntos que tenía relacionados con el pequeño Nicolás, incluido uno en el que él no está procesado.
Se trata de la causa sobre la grabación y posterior filtración de la reunión que en 2014 mantuvieron agentes de Asuntos Internos de la Policía y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el pequeño Nicolás, por la que está acusado el excomisario José Villarejo, para quien piden 4 años de prisión por descubrimiento y revelación de secretos. También lo están su mujer, Gema Isabel Alcalá (3 años) y el periodista Carlos Mier (3 años), que trabajaba en el medio digital que dirigía esta y quien presuntamente fue el autor de la grabación.
Aparte de las dos causas por las que ahora será juzgado, el Pequeño Nicolás tiene pendiente el juicio por hacerse también pasar por representante de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno ante un empresario en Ribadeo (Lugo).
En este juicio, que se aplazó hasta 2020 después de que su letrada renunciara a su defensa por las «presiones» que dijo estar sufriendo, la Fiscalía pide para él siete años de prisión por usurpación de funciones públicas, falsedad de documento oficial y cohecho activo.
En julio del año pasado la Audiencia confirmó su absolución de un delito de injurias y calumnias al CNI, organismo al que había acusado en varios medios de realizar intervenciones ilegales de sus comunicaciones.
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