Europa PressBarcelona11/12/19 11:37
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Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), han propuesto para los presos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad.

Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, que ha precisado que ahora el Servicio de Clasificación tiene dos meses para estudiarlo y ratificarlo.

Calderó ha admitido que en el seno de las juntas de las cárceles, que se han reunido de forma simultánea a las 9 horas, ha habido un «intenso debate» sobre si clasificar en segundo o tercer grado --el régimen de semilibertad--, el que reclamaban los propios presos.

Sin embargo, ha rechazado dar el resultado de las votaciones porque son de un órgano colegiado, y ha reiterado que en los tres centros se ha producido una votación que ha salido el segundo grado por mayoría.

Es la misma propuesta para el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Permisos desde enero

Con esta clasificación, no podrán pedir permisos antes de cumplir un cuarto de la pena, lo que supone como pronto a finales de enero para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los que llevan más tiempo en prisión preventiva.

Además, para poder pedir permisos es necesario que antes el Servicio de Clasificación haya ratificado el segundo grado, una decisión que Calderó ha confiado en que será «ágil» pero que necesita un tiempo para trabajar este tema de forma individualizada.

Sobre la aplicación del artículo 100.2 que permite flexibilizar el régimen penitenciario y salir de la cárcel para trabajar, Calderó ha dicho que hay que esperar a que se confirme la clasificación antes de plantearlo, que entonces dependerá de cada junta de tratamiento y del programa individual de tratamiento de cada preso si se plantea, y que es un artículo que no hay plazo para poder decidir aplicarlo.

Este martes, las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados ya previeron que se les aplicaría el segundo grado y anunciaron que lo recurrirían, y desde JxCat, su abogado, Jordi Pina, mostró el firme convencimiento de que la clasificación debería ser de tercer grado, un régimen de semilibertad.