La ley de eutanasia forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y sería la primera vez que en España se regulase esta práctica después de los dos intentos fallidos en las dos últimas legislaturas.
La primera oportunidad para regular la eutanasia no se pudo llegar a culminar por el adelanto electoral, a pesar de que el Pleno del Congreso admitió en junio de 2018 su toma en consideración con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP.
En la breve legislatura que ha precedido a la actual, el grupo socialista volvió a presentar otra proposición de ley que tampoco se materializó por la convocatoria de los nuevos comicios generales.
Illa tendrá también que culminar el acceso universal a la sanidad mediante la aprobación de una ley, aunque la atención a los sin papeles quedó garantizada desde que las Cortes dieran luz verde en septiembre de 2018 al real decreto aprobado por el Ejecutivo dos meses antes.
El nuevo responsable de sanidad será también el encargado de eliminar los capagos farmacéuticos, recogidos en la reforma sanitaria del PP de 2012, a los colectivos más vulnerables, una medida que no se pudo poner en marcha al estar vinculada a los Presupuestos Generales del Estado, que no salieron adelante.
La paralización política ha impedido el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental, que incluye un plan de prevención del suicidio, o la reforma de la atención primaria, un proyecto aprobado el pasado mes de abril para dar respuesta a los retos de este nivel asistencial, principalmente a la escasez de médicos en algunas zonas de España.
Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de investidura un programa de retorno de los profesionales sanitarios que se vieron obligados a emigrar, según ha dicho, por los recortes del Gobierno del PP y que en la actualidad están trabajando en otros países.
Blindar el Sistema Nacional de Salud con una apuesta «clara y decidida» por la gestión pública es otro de los deberes de Illa como ministro, al igual que culminar la interoperabilidad de la historia clínica de los pacientes.
Las terapias avanzadas frente al cáncer, las denominadas CART, que se han incorporado a la sanidad pública el pasado año, marcarán la agenda del nuevo ministro, ya que para el 2020 se espera que se amplíen los hospitales autorizados para administrarlas.
Después de que este año se hayan incorporado a la financiación pública dos medicamentos para dejar de fumar, está por ver si Illa, como pretendía Carcedo, amplía la actual ley antitabaco para frenar el repunte de su consumo.
En esta legislatura previsiblemente se garantizarán los tratamientos de reproducción asistida así como la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres en la sanidad pública, según anunció Sánchez.
El jefe del Ejecutivo también quiere reorientar las políticas relativas a la industria farmacéutica mediante la transparencia en la fijación de precios.
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