La derogación de la reforma laboral de 2012 es uno de los principales puntos del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que tendrá que afrontar la nueva ministra de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, en un contexto de ralentización de la creación de empleo.
Con casi 19,9 millones de ocupados, pero sin haber recuperado aún los niveles de empleo previos a la crisis, el mercado laboral español se enfrenta a un enfriamiento, en línea con la desaceleración económica.
La primera medida que tendrá que abordar Díaz será previsiblemente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, ya que en el acuerdo de Gobierno solo aparece el compromiso de elevarlo al 60 % del salario medio neto al cierre de la Legislatura, una cifra sobre la que ni siquiera hay consenso, ya que, según la fuente, se calcula en entre 1.000 y 1.200 euros mensuales.
Está por decidir cuánto se aumenta el SMI, un asunto que la ministra consultará con los agentes sociales, si bien la patronal CEOE se muestra reticente a una nueva subida, tras el alza del 22,3 % de 2019 que cree que ha contribuido a frenar el empleo.
Respecto a la reforma del PP de 2012, el acuerdo de Gobierno sugiere que se derogará en su totalidad, con el compromiso de recuperar con urgencia la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa y la vigencia indefinida de los convenios (ultractividad).
El texto también habla de eliminar inmediatamente el despido por bajas reincidentes en un periodo de tiempo determinado, que recientemente había sido avalado por el Tribunal Constitucional.
El papel de la ministra de Podemos será clave para que todos los cambios que se introduzcan en el mercado laboral se hagan con el mayor consenso de los agentes sociales, aunque la patronal ha adoptado un tono beligerante frente a un pacto de Gobierno que considera más cerca del populismo que de la ortodoxia económica.
En paralelo se tendrá que abordar una reforma del Estatuto de los Trabajadores que contemple las nuevas formas de trabajo fruto de la digitalización, la robotización o la economía verde.
También se deberá revisar el sistema de formación y recualificación laboral y terminar de adecuar el régimen de trabajadores autónomos (RETA) para dotarles de la protección del resto de ocupados y para que coticen en función de sus ingresos reales.
Todo ello en un contexto de moderación del empleo, que crece a una tasa inferior al 2 % anual y ha ido perdiendo impulso tras la recuperación que le llevó a crecer al 3 % en 2015, además de mantener algunas disfunciones.
Entre ellas, la elevada temporalidad (26,6 %), una tasa de empleo a tiempo parcial (14 %) que es mayoritariamente indeseado y un nivel de desempleo del 13,9 %, el segundo más elevado de la UE.
España tiene más de 3,2 millones de desempleados -un tercio de ellos de larga duración- y sólo 1,93 millones de ellos perciben una prestación por desempleo, situando la tasa de cobertura del sistema de protección en el 66,2 %.
Ésta es precisamente otra de las reformas que tiene la nueva titular de Trabajo encima de la mesa: la del sistema de protección por desempleo.
Para ello, tendrá que volver a reunirse con los agentes sociales y comunidades autónomas para poner orden definitivamente en esta de red de ayudas en todas las administraciones.
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