La propuesta de informe preceptivo, aunque no vinculante, que ha presentado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, sobre la propuesta del Gobierno para que la próxima fiscal general del Estado se la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado omite pronunciarse expresamente sobre la idoneidad de la misma, limitándose a validar que cumple los requisitos formales para su designación.
El debate que se desarrollará este jueves sobre dicha propuesta fracturará previsiblemente a este órgano, varios de cuyos vocales tienen previsto no sólo cuestionar la elección mediante votos particulares, sino votar directamente en contra de la misma.
Así lo han señalado fuentes de este órgano, que señalan que la alusión expresa a la «idoneidad» del candidato sí aparecía en las propuestas anteriores realizadas por Lesmes respecto de los nombramientos de José Luis Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra.
Precisamente es evitar la fractura en el órgano, según las mismas fuentes, lo que ha llevado al presidente a omitir dicha mención de idoneidad de delgado, en aras a lograr el mayor consenso posible entre los vocales con independencia de que, pese a votar su propuesta, luego puedan manifestar su discrepancia en un voto particular. Y lo ha hecho tras constatar los reparos que la propuesta ha suscitado en varios vocales, que no existían en el caso de candidatos anteriores.
En cuanto a las a las reticencias que originará la designación de Delgado durante el debate de este asunto, procederán del grupo de vocales designados a propuesta del PP, que son mayoría, y que además no actuarán de forma unitaria: mientras que un grupo que puede llegar hasta cinco se plantea votar en contra de la propuesta el resto propone apoyar la propuesta que ha presentado Lesmes -que se limita a dar por cumplidos los requisitos legales- pero reflejando por escrito su discrepancia.
Estas discrepancias, fueron debatidas en una reunión mantenida el miércoles por este grupo de vocales y van desde la crítica a la «puerta giratoria» que supone saltar directamente del ministerio de Justicia a la jefatura del Ministerio Público al hecho de que, hasta esta misma mañana, Delgado haya mantenido su condición de diputada del PSOE, partido para el que hizo campaña política hace apenas unas semanas.
Esta condición de Delgado, según los vocales más críticos con la propuesta de Pedro Sánchez, determina la falta de la idoneidad de la candidata por varios motivos, ya que pone en cuestión su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jurídicas de trascendencia mediática y política.
Lo peor, no obstante, y sin prejuzgar la labor que desarrollará Delgado en su puesto, es el perjuicio a la imagen de la Justicia, a lo que se une lo polémico de una figura que ha sido vinculada a la causa abierta por presunta corrupción policial que investiga la Audiencia Nacional en relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Por lo pronto, al propuesta de Lesmes se limita a concluir que, a la vista de la documentación remitida al órgano de gobierno de los jueces «se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada», que consisten en ser jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.
Se espera que el bloque progresista y los propuestos por partidos nacionalistas, que son 9, voten en bloque a favor de esta propuesta.
Por otro la reunión de este jueves faltarán dos vocales, aunque ello no afectará al juego de mayorías entre los consejeros conservadores y progresistas porque habrá una ausencia de cada lado: la de Wenceslao Francisco Olea, que se encuentra fuera de España; y la de Pilar Sepúlveda, a propuesta del PSOE, por razones de salud.
En cuanto a los precedentes, las misas fuentes apuntan al caso de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco.
En cuanto a los más recientes, tanto la designación como fiscales generales del fallecido José Manuel Maza como la de su sucesor, Julián Sánchez Melgar, ambos magistrados de lo Penal del Supremo cuando accedieron al cargo, mereció el voto discrepante de la vocal designada por IU, Concepción Sáez, que argumentó que el consejo no debía limitarse a la comprobación de los requisitos formales y debía emitir una opinión acerca de los méritos y capacidad de la persona propuesta. En el caso de Segarra, esta vocal votó a favor del nombramietno por considerarla idónea, y es previsible que este jueves haga lo mismo con Delgado.
En las primeras dos ocasiones, durante el debate de este asunto se le replicó por la mayoría del Pleno del pleno diciendo que un dictamen más allá del aval de los requisitos formales implicaba una valoración «política» que excedía de las competencias del CGPJ. Esta tarde dichas valoraciones políticas podrían, previsiblemente, producirse por una mayoría.
El Pleno del CGPJ se reunirá mañana de forma extraordinaria para estudiar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido fuertemente contestada por la práctica totalidad de asociaciones fiscales con excepción de la Unión Progresista (UPF), de la que Delgado formó parte en su día, y buena parte de representantes del Ministerio Público.
En su reunión de este jueves, el órgano de gobierno de los jueces estudiará los requisitos formales para el nombramiento Delgado, si bien éstos se limitarán previsiblemente a chequear si la candidata cumple con determinados trámites formales, como ser jurista de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Ni el CGPJ ni la Cámara baja tienen en la práctica capacidad real de vetar la decisión del Gobierno.
Una vez estos pasos se cumplimenten, Delgado pasará directamente a dirigir el Ministerio Público, donde prima el principio de jerarquía. Y lo hace tras ocupar un puesto en el Gobierno desde el que dirigió la acción de la Abogacía del Estado, que en la causa del procés se ha venido posicionando de forma discrepante a los criterios de los cuatro fiscales del caso: cambiando la petición de condena de rebelión por la de sedición -que fue la que obtuvo el aval del tribunal-, e informando después a favor de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, pudiera cumplimentar los trámites para ejercer de europarlamentario.
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Han liquidado la poca democracia que había. Empieza la dictadura de la izquierda radical. Milagro será si vuelve a haber elecciones en este país...Esto apesta!