Así consta en el escrito de acusación en el que el fiscal imputa a la trabajadora un delito de estafa y otro de falsedad documental. Juana Igeño será juzgada este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.
En concreto, lo hizo desde el 1 de abril de 1980 hasta el 31 de julio de 2013. Al mismo tiempo le reclama que abone al Instituto Nacional de la Seguridad Social una indemnización de 205.590 euros.
Juana Igeño prestaba sus servicios como trabajadora en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Allí estaba internado J. P. M., quien murió el 17 de marzo de 1980.
Gracias a que el fallecido no tenía familiares conocidos, la acusada se hizo con su DNI y documentación bancaria con el fin de seguir percibiendo la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que le había sido concedida en 1977. La cantidad a percibir inicialmente fue de 104,16 euros mensuales, pero en 2013 ascendió a 689,15 euros.
Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abrió una cuenta corriente a nombre del fallecido donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba en efectivo todos los meses el dinero ingresado.
A partir de 2008 modificó su modus operandi y falsificó una autorización a su favor firmada «aparentemente» por J. P. M. que le permitía hacerse con el dinero.
En enero de 2013 la entidad bancaria instó a la acusada a que aportara una Fe de Vida y Estado del titular de la cuenta, «que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid», presentando el DNI original del fallecido, y una autorización a su favor para solicitarla, «que ella misma había confeccionado imitando su firma».
2 comentarios
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Lo triste, no es que haya golfos, que también; lo realmente triste y de aurora boreal es que se pueda cobrar una pensión fraudulenta durante 33 años. Como si nada.
lo triste es que no se controle ese dinero publico,