El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, ha citado el próximo viernes 7 de febrero en calidad de investigado al primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, para que declare por un nuevo posible delito de blanqueo en relación con la sociedad Grand Tibidabo, que quebró en diciembre de 1999 y cuyos actuales dueños acusan a la familia de blanquear en Andorra dinero de la empresa cuando estaba dirigida por el empresario Javier de la Rosa.
En un auto firmado este lunes, el titular del Juzgado Central de Intrucción número 5 incluye la declaración de Pujol Ferrusola en un listado de diligencias de investigación acordado a petición de esta sociedad. Se le preguntará en relación con un informe policial que trata sobre el hallazgo de dinero en cuentas de Andorra proveniente de Catalana de Mitjans de Comunicación I Edicio, según señala la resolución.
A juicio del magistrado esta diligencia, entre otras aprobadas, resultan «pertinentes, necesarias y proporcionadas» a los fines de la investigación judicial, «pudiendo conducir la práctica de las mismas (...) al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y a la determinación de la eventual responsabilidad de los investigados y de las sociedades objeto de investigación».
El auto da respuesta a un escrito de petición de pruebas que fue presentado por la representación de la mercantil Grand Tibidabo S.A el pasado mes de julio a la que se opuso la defensa de los Pujol interesando además la expulsión de la mercantil como acusación popular por encontrarse en liquidación. Anticorrupción, por su parte, informó a favor de mantener Grand Tibidabo acusando en el procedimiento.
En su auto, el juez de la Mata recuerda que el mantenimiento de esta acusación popular ya fue resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia y añade que Grand Tibidabo, de la que precisa que «está en proceso de liquidación, pero no liquidada», ejerce la acusación popular desde antes del acuerdo de liquidación de la entidad, de modo que «indiscutiblemente se mantienen las capacidades de la parte para atender las situaciones y relaciones jurídicas pendientes», en relación con los delitos investigados.
En cuanto a la prueba documental solicitada, el juez de la Mata rechaza pruebas solicitadas por Grand Tibidabo, como son varios testimonios realizados en el ámbito de una investigación de la Audiencia Provincial de Barceona porque «no se expone ni justifica en la solicitud la relación que personas y documentos tienen con los hechos investigados en esta causa».
Sí se aceptan, sin embargo, otros documentos, como el informe policial denominado Coterma-Armad Caraben, relativo a manipulación de contabilidad, y la declaración en dicho órgano del administrador de Coterma y presidente de Predeusa, Armando Carabén Ribó, así como un oficio de la AEAT y la respuesta al mismo por parate del departamento de finanzas de la Generalitat de Cataluña.
El pasado mes de septiembre, De la Mata acordó prorrogar hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del denominado 'caso Pujol', en el que están imputadas más de 30 personas, entre ellas Jordi Pujol Soley, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
El magistrado ya acordó en 2016 la complejidad de esta causa en tanto que la investigación recae supuestamente sobre una organización criminal, tiene por objeto numerosos hechos punibles, muchos investigados y por tanto es necesario analizar abundante documentación y realizar actuaciones en el extranjero.
1 comentario
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parece mentira que el clan Pujol viva en libertad.... privilegios de la burguesía catalana ...ya lo dijo el President... somos una raza superior...