Fotografía de archivo (18/12/2001), del exfiscal del Tribunal Supremo José María Luzón Cuesta que ha fallecido en Madrid a los 85 años. Fue el fiscal que logró condenas para la cúpula de Interior del Gobierno socialista de Felipe González, con José Barrionuevo a la cabeza, por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL. | Efe

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El que fuera teniente fiscal del Tribunal Supremo desde 2000 a 2005, José María Luzón Cuesta, ha fallecido a los 85 años de edad según ha informado en su cuenta oficial en Twitter la Fiscalía General del Estado, que ha trasladado su sentido pésame a su familia, amistades y compañeros,

También han lamentado su pérdida en esta red social las tres asociaciones profesionales de fiscales. «Gran jurista y todo un referente para gran parte de la carrera fiscal y judicial que se formó con sus textos», dice la Unión Profesional de Fiscales (UPF) en su mensaje, mientras que la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF) le destaca igualmente como «jurista excepcional y maestro de tantos tantos fiscales» y la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) muestra sus condolencias a amigos y familiares.

Luzón Cuesta, padre del actual fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ingresó por oposición en 1960 a la Carrera Fiscal y su primer destino fue la Fiscalía de Jaén, para trasladarse después a Murcia y llegar a Madrid en 1985 ya como fiscal del Tribunal Supremo.

De talante conservador, en enero 2000 fue designado como teniente fiscal del Supremo por el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, puesto que mantuvo durante el mandato al frente del Ministerio Público Cándido Conde Pumpido.

En este puesto Luzón Cuesta sustituyó a su antecesor José Aparicio Calvo-Rubio hasta 2005, año en el que se jubiló Como fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo ejerció la acusación contra la Mesa de HB, contra Barrionuevo y Vera en el «caso Marey», y pidió la absolución y apoyó el indulto del juez Javier Gómez de Liaño, condenado por el alto tribunal.

Igualmente ejerció la acusación contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa y los miembros de la Mesa, Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver Socialista Abertzaleak tras la legalización de Batasuna en 2003.