En su discurso en el acto que se ha celebrado con motivo del 40 aniversario del alto tribunal, el jefe del Estado ha destacado la «enorme y valiosa aportación» del alto tribunal al «desarrollo y consolidación» de la democracia española, «al velar por la supremacía constitucional» que es la base de la democracia.
El Tribunal Constitucional, ha recordado, es «la suprema garantía del Estado de Derecho, en el que todos los poderes públicos han de estar sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» y en el que esa misma Constitución reconoce a todos los ciudadanos derechos y libertades «que los poderes públicos han de respetar».
En un acto con medidas de seguridad por la pandemia de COVID-19, el Rey ha reconocido que las consecuencias de ésta aún se prolongarán pero ha confiado en que la sociedad española «continuará afrontándola con prudencia, solidaridad y responsabilidad».
Así, ha subrayado la labor esencial del TC «en el reconocimiento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos» y «su contribución decisiva y determinante en la articulación territorial del Estado conciliando su unidad y su diversidad», además de su defensa del principio de «sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la Ley», garantizando que las controversias en la «vida política se resuelvan a través de los procedimientos legales previstos».
Dado que el TC es clave en la arquitectura constitucional, Don Felipe ha querido hacer una «justa valoración del periodo más largo de desarrollo social, político y económico de la historia de España», una democracia que «ha hecho posible la convivencia en libertad entre los españoles, basada en principios democráticos garantizados por el respeto a la ley como expresión de la voluntad general de los ciudadanos».
En democracia, ha dicho, el TC ha desempeñado una labor esencial como intérprete y defensor jurisdiccional de la Constitución, «no solo de su letra sino también de su espíritu».
A modo de ejemplo, ha mencionado varias materias sobre las que se ha pronunciado el «guardián» e «intérprete supremo» de la Constitución, con las que se ha convertido en un «instrumento de seguridad jurídica» para la convivencia: las distintas sentencias sobre la organización territorial del Estado, sobre la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y sobre la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos.
También ha mencionado la tributación separada de los cónyuges, sobre la función social de la propiedad privada, sobre el derecho de asistencia letrada del detenido, sobre los derechos a la propia imagen, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la presunción de inocencia, a las libertades de expresión e información y a la inviolabilidad del domicilio, o sobre la violencia de género y la representación política equilibrada entre mujeres y hombres.
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