El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, antes de su comparecencia este martes ante la Comisión Mixta de Relaciones. | Zipi

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El Defensor delPueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado este martes las carencias que hay en los centros de internamiento para atender a las personas migrantes que llegan en situación irregular a España: «Las necesidades de quienes llegan en patera, se cubren lo justito».

Lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso, donde ha dado cuenta de los informes anuales de 2018 y 2019 en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Fernández Marugán se ha referido tanto a los cinco Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) como a los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ambos con las «mismas carencias» y cuya gestión habría que «replantearse».

En sus visitas durante los últimos dos años, ha detectado problemas de hacinamiento, la «mezcla» de menores con madres e hijos, así como la falta de información para solicitar protección internacional.

Una realidad «parecida» a la que «en este momento está sucediendo» en Canarias, ha advertido Fernández Marugán, que ha recalcado que esta noche han tenido que dejar a «673 personas durmiendo en el muelle de Arguineguín» Gran Canaria), porque «no hay instalaciones lo suficientemente adecuadas».

Marugán ha recordado que, tras el cierre al inicio de la pandemia de los CIE porque no se daban las condiciones para que las personas ingresadas en ellos fueran expulsadas a sus países de origen, el Ministerio del Interior las ha reabierto en las últimas semanas.
«Sería necesario replantearse seriamente la organización y gestión de estos centros», ha considerado el defensor del pueblo, que ha insistido en acometer mejoras para que estos centros cuenten con una infraestructura adecuada, porque «están sobredimensionados».

También ha reclamado personal especializado, ya que cree que «la policía hace muy bien su tarea de custodia», pero «no son las personas más adecuadas» para realizar las funciones en el interior de un CIE: «Se debería buscar algún procedimiento de otra naturaleza más funcional».

Asimismo, ha incidido en la necesidad de incrementar los sistemas de videovigilancia porque «podrían resolverse» casos como el suicidio de un joven marroquí en el CIE de Valencia el año pasado, cuya investigación no ha podido cerrar aún el Defensor del Pueblo.

Sobre la situación de la población reclusa en España, el defensor del pueblo ha señalado como principales problemas la aplicación de sujeciones mecánicas, el seguimiento y control de las denuncias de los internos por malos tratos y las deficiencias en la atención sanitaria, donde se ha detectado falta de personal sanitario.

También se ha referido a las personas con problemas de salud mental que se encuentran ingresadas en centros psiquiátricos, una población «muy vulnerable que todavía hoy son estigmatizados», por lo que ha abogado «por procurarles una vida digna e independiente».

Ese es el trabajo de la Institución y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha apostillado el defensor, que ha añadido que sólo tratan de «poner luz en un mundo duro, opaco, que actúa como un muro frente a ellos».

La mayoría de los grupos parlamentarios han agradecido el trabajo al defensor del pueblo, si bien desde el PP le han recriminado que no se haya referido a las «vejaciones» que se dan en las residencias de mayores y al uso en estos centros de mecanismos de contención.

«No voy a eludir mi responsabilidad», ha respondido Fernández Marugán y ha indicado que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no entra a analizar las residencias, «porque no es competente», tras lo que ha anunciado que el próximo 26 de noviembre se presentará el informe de la Institución con sus actuaciones durante la pandemia de la COVID-19.