Los Franco tendrán que ser indemnizados por la expropiación del Pazo

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado en sentencia con fecha de ayer, tras el recurso de apelación presentado por los herederos de Franco, lo decretado en primera instancia el pasado septiembre en lo relativo a la propiedad, pero ha revocado parcialmente el fallo en otras cuestiones.

La magistrada de primera instancia entendió que no cabía la restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de los Franco «de mala fe».

Por el contrario, los magistrados de la Audiencia consideran que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido, por lo que «no se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en su adquisición».

Además, la creencia de que la adquisición era correcta también está avalada por el hecho de que, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, «llevan más de cuatro décadas utilizando el pazo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

La sentencia sostiene que «la reivindicación de la propiedad es un evento totalmente novedoso que se produce ahora por vez primera. La Administración nunca los requirió para que entregasen la propiedad de un inmueble que ahora se considera de dominio público».

Finalmente, consideran acreditado que los herederos del dictador realizaron «múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento» y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron «múltiples reparaciones», y entienden que es «obvio» que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años «su estado actual sería ruinoso».