El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, durante el pleno del Congreso. | Efe

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Lejos aún de cerrarse la distancia abierta entre las dos alas del gobierno por las políticas de igualdad, el apoyo de Unidas Podemos a los manifestantes que han causado disturbios por la entrada en prisión de Pablo Hasél ha abierto una nueva fisura entre los socios de coalición.

La crisis la generó anoche el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, cuando no se habían calmado aún las protestas que dejaron decenas de heridos y detenidos en Madrid y Barcelona y él expresó «todo su apoyo» a los manifestantes «antifascistas».

Las palabras de Echenique han desatado un vendaval de críticas en la oposición -que ha vuelto a instar al PSOE a romper su acuerdo con Unidas Podemos- y en las Fuerzas de Seguridad, pero tampoco han sentado bien en el sector mayoritario del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, protagonista en las últimas semanas del enfrentamiento con Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad a raíz de las políticas de igualdad, ha sido la más contundente en el reproche: «Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos».

También el ministro José Luis Ábalos ha dejado claro que el Gobierno no comparte la opinión «personal» del dirigente de Unidas Podemos y desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior se ha lanzado un mensaje de aplauso a la labor de la Policía y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad «garantizando la seguridad de todos frente a los altercados provocados por una minoría de violentos».

Nadie en Unidas Podemos ha condenado los disturbios de este miércoles que se saldaron con 19 detenidos y 55 heridos, de ellos 35 policías, con numerosos daños materiales en Madrid y con 33 arrestados y 14 heridos, además de 135 contenedores y 9 coches quemados, en Barcelona.

Este jueves, la portavoz del partido, Isa Serra, ha asegurado que su partido se opone a toda violencia, pero el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, ha eludido en varias ocasiones la condena de los disturbios y ha cuestionado, como hizo ayer Echenique, la actuación de la Policía.

Los miembros del Ejecutivo del partido morado han guardado silencio sobre el asunto. Tan solo la ministra de Igualad, Irene Montero, ha tuiteado una foto de la detención de la sufragista británica Emmeline Pankhurst durante una protesta.

Todo ello ha ocurrido sin que se hayan calmado los ánimos en el enfrentamiento que mantienen ambos partidos por las políticas de igualdad.

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Las propuestas legislativas del Ministerio que dirige Irene Montero siguen en el centro de las fricciones ante las reticencias de al borrador de ley trans que permitiría el cambio de sexo a partir de los 16 años sin necesidad de informe médico o tratamiento.

En sus últimas declaraciones Calvo ni ha incluido esa ley entre los compromisos de la legislatura en el área de Igualdad, aunque fuentes del Ministerio de Montero aseguran que Efe que habrá «ley trans y ley lgtbi, como marcan los acuerdos de Gobierno».

Muestra evidente de las desavenencias fue la abstención de Unidas Podemos al votarse esta semana en el pleno la proposición de ley de igualdad de trato impulsada por el PSOE, bautizada como la ley Zerolo, actitud que Calvo ha tachado este jueves de incoherente porque, a su juicio, hay que tener presente siempre «por qué y para qué se está en política».

La vicepresidenta ha considerado normal que haya discrepancias dentro del Gobierno, pero ha señalado que le preocupan las «formas» en que se trasladan a la opinión pública: «Eso no es transparencia; es añadir una carga a los ciudadanos».

Reprochaba así que se filtrara a los medios un borrador de la ley trans que se estaba todavía negociando y que, para Moncloa, solo recoge los postulados de Unidas Podemos o que el Ministerio de Montero adelantara de forma unilateral que esa ley y la LGTBI irán al Consejo de Ministros el próximo 23 de febrero.

El temor a que la ley que regula sus derechos no vea la luz ha llevado a varios colectivos trans a darse cita ante el Congreso, donde la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, han amenazado con iniciar una huelga de hambre si el proyecto no sale adelante.

No han llegado a mayores sin embargo las discrepancias en torno a la reforma de la ley del aborto, a pesar de que el martes el grupo socialista dejó claro en el pleno que no desea «abrir» esa norma como propone Unidas Podemos para incluir cuestiones como la violencia obstétrica y la prohibición de los vientres de alquiler.

Este jueves el PSOE ha votado sí a una iniciativa parlamentaria sin fuerza legal (proposición no de ley) de los morados con ese objetivo «por lealtad», apuntan a Efe fuentes del grupo socialista.

«No íbamos a dejarles solos en temas que nos importan», añaden estas fuentes destacando los puntos de encuentro, como la decisión común de derogar la reforma que aprobó en 2015 el Gobierno del PP para exigir a las menores de 16 y 17 años el consentimiento paterno para abortar.