El texto aprobado en la Cámara Alta, que ha contado con varias enmiendas que la mayoría han sido rechazadas, volverá ahora al Congreso de los Diputados, que lo aprobó el pasado 17 de diciembre, donde se tendrá que ratificar y, finalmente, aprobar para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma recoge que la eutanasia se podrá llevar a cabo en el país a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».
Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y «ser capaz y consciente en el momento de la solicitud».
Asimismo, sobre el proceso, indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es «resultado de ninguna presión externa».
Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita».
Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.
Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el «ámbito de las patologías que padece el paciente» pero que no sea de su «mismo equipo del médico». Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.
Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, si no, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia», un reparo que «deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».
«QUIEREN INSTAURAR LA INDUSTRIA DE LA MUERTE»
No obstante, tanto el PP como VOX la han calificado de «injusta e inconstitucional». «Quieren instaurar la industria de la muerte», ha avisado el senador de VOX José Manuel Marín Gascón, que ha lamentado que en lugar de potenciar las unidades de cuidados paliativos «se quiera matar a los pacientes que están en una situación de deterioro avanzado».
Del mismo modo se ha pronunciado el senador del Grupo Parlamentario Popular Antonio Román Jasanada, que ha asegurado que esta ley supone «un retroceso porque va en contra de la vida», y ha recordado que no cuenta con el apoyo de la comunidad médica, que es quien va a tener que practicar la eutanasia.
«Sólo quieren colgarse leyes de supuestos derechos sociales, con leyes que conducen de forma frívola a una muerte provocada que no se puede considerar natural», ha reprochado el senador 'popular', para advertir de que el Estado «no puede pasar de proteger la vida a causar la muerte».
Todos estos argumentados en contra de la ley han sido criticados por el resto de partidos de la Cámara Alta. En concreto, el senador del Grupo Parlamentario Socialista Francisco Javier de Lucas Martín ha recordado que la ley no va en contra de los cuidados paliativos, sino que ambos «se complementan», asegurando que con la normativa se garantiza el «derecho personal a la muerte propia».
«Esta ley quiere ofrecer un nuevo derecho desde la igual libertad de todos. Estoy seguro de que abrirá camino porque la avalan muchas razones, por lo que hay que dar la oportunidad, a quienes así lo manifiesten, de escoger su propia muerte», ha recalcado el senador socialista.
Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Carles Mulet García ha recordado que «la derecha votó en contra del aborto, de la ley del divorcio y del matrimonio igualitario», por lo que ha esperado que una vez aprobada la ley de la eutanasia «nunca necesiten acudir a este nuevo derecho».
Por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el senador Tomás Marcos Arias ha explicado que, pese a que consideran que la ley «se puede mejorar», con la misma se avanza en la libertad de los derechos individuales, por lo que ha pedido tanto al PP como a VOX que no hagan una «caricatura» sobre la misma.
«Es una ley que configura y refuerza la dignidad humana de las personas. Para Ciudadanos no va a imponer creencias ni decisiones, sino que fomenta el respeto a las decisiones y creencias individuales y, de hecho, el 80 por ciento de la población está de acuerdo con esta normativa, en cuya tramitación también se ha garantizado que el suicidio asistido siga siendo un delito», ha recalcado el senador de la formación naranja.
Finalmente, el senador del PSOE José María Oleaga ha insistido en la importancia de esta ley por la «enorme trascendencia que tiene para la vida de las personas». «Esta ley surge como una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, pero las aportaciones de todos los grupos han hecho que se haya convertido en una ley de la inmensa mayoría de la Cámara y de la sociedad, que tiene un nuevo derecho a su alcance», ha zanjado.
3 comentarios
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Doy la bienvenida a estas leyes que me dan la opción y la posibilidad de morir con DIGNIDAD TOTAL en caso de una enfermedad incurable!