La Cámara Baja ha aprobado, con 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones, una enmienda que modifica los contratos de alquiler en los aeropuertos gestionados por Aena y que fue presentada por la formación política Coalición Canaria durante la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en el Senado.
Se trata del segundo gran revés parlamentario para el Gobierno español, después de que hace un año el PSOE y Unidas Podemos se quedaran solos en defensa del decreto de los remanentes municipales y que fue derogado.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios han criticado la falta de voluntad de Aena para negociar con sus inquilinos, de los que un 70 % son pymes, y han coincidido en que la solución al conflicto debía haber venido por el acuerdo.
Durante el debate, se ha recordado que la gran mayoría de restaurantes y locales comerciales han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de las medidas sanitarias adoptadas para frenar la covid-19, especialmente los ubicados en los aeropuertos, por el desplome del tráfico de pasajeros.
Aena no ha tardado en anunciar que «ejercerá todas las acciones que corresponda» para no tener que bajar los alquileres tal y como le impone el Parlamento español mediante la enmienda aprobada hoy.
La norma, una vez que entre en vigor tras su publicación oficial, dispone que la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) en dichos contratos correspondiente al periodo entre el 15 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y no será exigible su pago por Aena.
Igualmente, establece que, a partir del día 21 de junio de 2020, la renta mínima anual garantizada fijada en los contratos quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019.
Esta reducción de la renta mínima anual garantizada será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al de 2019.
Aena, que sitúa la recuperación del nivel de tráfico de pasajeros precovid en 2026, ha asegurado que está «analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía».
Además, apunta que esta modificación no afectará a su derecho a reclamar el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en cada local.
Aunque el impacto final de esta media dependerá de la evolución del tráfico de pasajeros en los próximos años, Aena calcula que sus ingresos comerciales se reducirán en cerca de 1.500 millones de euros entre 2020 y 2025, cifra que incluye las bajadas de rentas que ya ofreció a los arrendatarios el pasado enero para el periodo desde el 15 de marzo de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021.
Por su parte, la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA) ha destacado que la enmienda aprobada les «quita un lastre», después de que muchos de los pequeños comerciantes firmaran en su día el acuerdo propuesto por Aena por «miedo» a la ejecución de los avales, que en muchos casos estaban respaldados por el patrimonio familiar e incluso la propia vivienda.
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