Grandes promotores, agentes inmobiliarios y expertos del sector coinciden en que el acuerdo alcanzado en el Gobierno sobre la ley de vivienda reducirá la oferta, empeorará el mantenimiento de los inmuebles y conducirá el mercado de alquiler a la economía sumergida.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) cree que las medidas acordadas afectarán «gravemente» a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda, tanto en alquiler como en venta, para paliar la falta de accesibilidad de los jóvenes.
Los promotores consideran que con la futura ley se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector y que la falta de seguridad jurídica provocará una contracción de la actividad en las comunidades autónomas y ayuntamientos que apliquen esas medidas, como aseguran que ya observan en Cataluña.
Según sus datos, con la ley de contención de rentas en Cataluña el 55,3 % ha parado la inversión esperando un nuevo escenario, el 31,6 % la ha reducido y el 13,1 % ha trasladado su inversión a otro territorio.
La patronal que dirige el promotor madrileño Juan Antonio Gómez-Pintado subraya, en un comunicado, que «todos los experimentos con respecto a la limitación de los alquileres que han sido testados en varias ciudades europeas, además de en Cataluña, han provocado los efectos contrarios a los deseados: reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y aparición de economía sumergida».
En cuanto a la obligación de establecer una reserva del 30 % de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social-, ha estimado que reducirá la inversión, tanto nacional como extranjera, y que la desplazará entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma, «e incluso abandonará el país según lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo».
En la misma línea, el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid ha sostenido que las medidas anunciadas provocarán una reducción de la oferta, con el consiguiente efecto de subida de precios y freno a la inversión.
Su presidente, Jaime Cabrero García ha reclamado una tramitación sosegada del proyecto de ley y no precipitada por el contexto político actual.
También el Consejo General de los Colegios de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) se muestra contrario a cualquier medida que limite la libre determinación de la renta de las viviendas, pero incide en la importancia de disponer de un texto articulado que permita analizar con detenimiento todas las medidas y su alcance.
Otros expertos inmobiliarios, como el consultor inmobiliario Eduardo Molet, denuncian que detrás de la nueva ley de vivienda hay una «criminalización de la propiedad privada».
Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, apunta que la diferenciación entre grandes y pequeños tenedores resulta una «práctica muy poco efectiva en mercados parecidos al nuestro, ya sea en la congelación de precios, como puede ser ejemplo Berlín, o como en la bajada de precios, como en otros mercados».
Compañías de seguros de impago de alquiler como Arrenta opinan que la regulación es innecesaria, ya que las rentas con seguro de impago han mantenido una evolución prácticamente plana a lo largo de los tres primeros trimestres de 2021, con una leve subida del 1 % y una renta mensual de 707,3 euros.
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