Así lo recoge un informe elaborado por el Centro Memorial de Vitoria que ha sido entregado este miércoles a una comisión del Parlamento Europeo que ha viajado a España para investigar las circunstancias de los asesinatos cometidos por la banda terrorista cuyos autores no han sido juzgados.
Esta comisión investigadora se desplazará mañana jueves y el viernes a Madrid para reunirse con representantes del Ministerio del Interior, jueces, fiscales y víctimas del terrorismo.
Tras ser recibidos por los responsables del Memorial y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, se les ha entregado el informe titulado «La justicia pendiente. Asesinatos de ETA no esclarecidos», en el que se explica que hasta 2011, cuando la organización terrorista dejó su actividad, los crímenes cuyos autores no habían sido condenados ascendían a 311.
Esta cifra corresponde a la información recopilada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el período 1978-2009.
Esos asesinatos de ETA no esclarecidos suponen el 40 % de los crímenes cometidos por la banda terrorista después de 1977.
El estudio destaca que el porcentaje de asesinatos de ETA que ha quedado impune es muy inferior al de otros grupos terroristas que actuaron en Irlanda del Norte (88,3 % de crímenes sin resolver), Córcega (entre un 58 y un 90 % según las épocas) e Italia (80 %).
El estudio constata también que un 70 % de los asesinatos no esclarecidos fueron cometidos entre 1978 y 1987, los conocidos como «años de plomo», el periodo con más atentados de ETA. Un 85,8 % de ellos tuvieron lugar en el País Vasco y Navarra.
La principal causa de la impunidad de esos crímenes es, según el Memorial, la situación de terror creada por ETA en Euskadi y Navarra, donde se buscó aislar a los cuerpos de seguridad con ataques sistemáticos contra ellos, lo que obligó a las FSE a dedicar la mayor parte de su esfuerzo y recursos a la autoprotección en detrimento de la investigación y la prevención.
Pero también señala otros factores que influyeron de forma negativa en el esclarecimiento de los asesinatos de ETA como los «desajustes en el funcionamiento de los órganos judiciales» y la «falta de colaboración internacional con las autoridades españolas».
Algunos países dieron refugio a terroristas huidos que estaban acusados por los tribunales españoles y permanecieron en ellos hasta que prescribieron las causas que tenían abiertas.
También hubo «problemas en la adaptación de las FSE al reto del terrorismo en los primeros años de la democracia», no se investigaron algunos crímenes de ETA político-militar tras su disolución en 1982, en otros casos los terroristas acusados fallecieron antes de ser juzgados y hubo dificultades para convertir los indicios policiales en pruebas judiciales.
Dentro de los casos sin resolver el Memorial cita a cinco personas secuestradas por grupos terroristas, asesinadas y nunca halladas: Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García, en 1973, Eduardo Moreno Bergareche, en 1976, y José Miguel Echeverría Álvarez, en 1980, y pide al Parlamento europeo que haga un llamamiento para conseguir información sobre la ubicación de sus restos a fin de puedan ser entregados a sus familias.
También cree conveniente que «para dar respuesta a las familias que siguen esperando justicia» se articule un procedimiento de investigación sobre los casos no esclarecidos, sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal de la causa.
«La jurisdicción penal, en estos casos, debe dejar espacio a la jurisdicción de la verdad y la memoria», señala el Memorial en este informe.
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