Policías y guardias civiles convocan protestas sin un frente común por la reforma de la Ley Mordaza que les «desprotege»

Las protestas se han anunciado en una sucesión de comunicados individuales y otros sumando a varias siglas a partir de la ronda de contactos abierta el pasado jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recibió al nuevo líder de JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional. JUCIL, también nacida de Jusapol y mayoritaria desde hace días en la Guardia Civil, respalda la convocatoria del 27 de noviembre, al igual que CEP y AEGC. Las organizaciones que actúan al margen de Jusapol acusan a JUPOL de no respetar la oferta, lanzada con anterioridad, para mantener una reunión en unidad de acción el 15 de noviembre. Mostrando su «oposición frontal» a la reforma, fijan el 24 de noviembre como la primera fecha de protesta frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Este viernes han insistido en esta idea de unidad: «Es mucho lo que nos jugamos».

Dos asociaciones de la Guardia Civil representativas entre los oficiales y suboficiales del cuerpo, UO y ASES-GC, se han quejado del «ninguneo» por parte de Interior al abrir una ronda de contactos sólo con sindicatos de la Policía Nacional y han llamado a la «unidad entre los dos bloques claramente enfrentados», en referencia a JUPOL de un lado y, de otro, SUP-AUGC, mayoritarias en ambos cuerpos policiales antes del nacimiento de Jusapol. Por su parte, los sindicatos de prisiones ACAIP-UGT y CSIF sí han valorado positivamente que se enmiende la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP, ya que les reconoce como agentes de autoridad, una antigua aspiración en el sector.

No obstante, estas organizaciones mantienen el conflicto colectivo declarado en septiembre, pidiendo la dimisión del equipo de Instituciones Penitenciarias por los retrasos en la nueva ley de cuerpos, las agresiones a trabajadores y la política en la concesión de terceros grados, sobre todo tras la polémica por la muerte del niño de Lardero (La Rioja).
Todos los sindicatos coinciden en que, por lo que conocen a través de las enmiendas presentadas, la futura norma que reforme la actual Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana les «desprotege». También censuran que la derogación, que forma parte del pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se haya planteado «a espaldas» de las organizaciones representativas, a las que no se le ha pedido opinión.

De esta forma, recelan de la posible alternativa a la limitación del uso de pelotas de goma como material antidisturbio o a que los agentes se conviertan en «taxistas» con los detenidos, al reducirse de seis a dos horas el tiempo de detención sin justificación, con una mención a que al arrestado habría que devolverlo al lugar en el que fue detenido. Las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos han sido ampliamente rechazadas por los sindicatos policiales porque rebajan a su entender la presunción de veracidad del agente y «se favorece a los que incumplen la ley y delinquen». «La palabra del agente tiene que tener la presunción de veracidad y, luego, si se demuestra lo contrario, se actúa vía judicial y régimen disciplinario», según ellos.

A todos los sindicatos les preocupa que se redacte un nuevo artículo suavizando la difusión sin autorización previa de imágenes de policías en su trabajo diario porque ven un riesgo para la integridad física de los agentes y de sus familias. Además, consideran que facilitar la celebración de manifestaciones «espontáneas», sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, atenta directamente contra las libertades del resto de ciudadanos y «vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir».

También aguardan a la propuesta final sobre las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes, que quedarán reguladas tan sólo en la ley de extranjería. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos limitan, además, los cacheos que conllevan la desnudez de la persona detenida, entre otros aspectos como relacionar la cuantía de la multa con la capacidad económica de la persona sancionada.