El Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha iniciado una ronda de contactos con colectivos sociales para hacer frente común y defender los aspectos «más ambiciosos» de la futura Ley de Vivienda. Estos encuentros, que arrancan hoy, se producen tras la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) crítico con este proyecto normativo, al considerar que se invaden competencias de ámbito autonómico en materia de vivienda. Fuentes de este departamento no ocultan su «preocupación» ante la posibilidad de que su socio de Gobierno, el PSOE, pueda «echarse atrás» en los aspectos más ambiciosos de la ley, ante un previsible dictamen «duro» del órgano judicial. Ante la situación generada por el pronunciamiento del CGPJ, el Ministerio abre esta ronda de contactos para mostrar a la sociedad la «urgencia de la Ley de Vivienda» y el «amplio respaldo» con el que contaría un texto «verdaderamente ambicioso en regulación de precios del alquiler y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional».
Belarra: La ley es «imprescindible»
De esta forma, este martes se abren esos encuentros que incluirán a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los sindicatos CCOO y UGT, entre otros. Posteriormente, Belarra ha escrito en Twitter que la Ley de Vivienda es «urgente e imprescindible» para abordar «los altísimos precios del alquiler y la falta de vivienda pública». Por ello, inician contactos con las organizaciones sociales porque, «frente a la reacción, muchas personas quieren avanzar en derechos sociales».
«No hay obligación legal de asumir» el dictamen del CGPJ
Desde el Ministerio de Derechos Sociales inciden en la situación «excepcional» del CGPJ, con un mandato «caducado» desde hace tres años. También ahondan en que el órgano de gobierno de los jueces solo debe pronunciarse sobre la modificación de tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, para reprochar que «en ningún caso» le toca evaluar la constitucionalidad de la norma. Asimismo, las citadas fuentes indican que este informe es «preceptivo pero no vinculante». Es decir, que el Ejecutivo «no tiene ninguna obligación legal de asumir» su contenido.
Este lunes la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, acusó al CGPJ de liderar la «reacción antidemocrática» contra el Gobierno de coalición con su postura ante esta ley, pactada entre el espacio confederal y el PSOE. La semana pasada el espacio confederal avisó de que no aceptaría cambios en la normativa y reprochó al órgano judicial el haberse extralimitado en sus funciones. Hoy el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno «no se cierra» a mejorar la Ley de Vivienda después de recibir el informe del CGPJ. Eso sí, ha defendido que el texto es «especialmente cuidados» con las competencias autonómicas. La semana pasada, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, expresó su «plena confianza» en que esta normativa «será pronto una realidad» y se aprobará en Consejo de Ministros una vez se conozca y valore el informe del CGPJ, del que recordó que es «preceptivo, pero no vinculante».
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